El PP niega negligencia en Villa Magdalena, cuyo aumento de coste fue «imprevisible»

El edil Gerardo Antuña se ha pronunciado así después de que el alcalde anunciara una auditoría para determinar la responsabilidad ante la sentencia del Supremo que obligará a Oviedo a abonar entre 32 y 33 millones

EFE

Jueves, 12 de mayo 2016, 18:14

El portavoz adjunto de PP en el Ayuntamiento de Oviedo, Gerardo Antuña, ha negado hoy que su partido actuara con "negligencia" o con "mala fe" en el proceso que llevó a la expropiación de Villa Magdalena y ha considerado que el aumento del valor del justiprecio de palacete "no era previsible". Antuña se ha pronunciado así después de que el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, anunciara una auditoría externa para determinar la responsabilidad ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre Villa Magdalena que obligará al Consistorio a abonar entre 32 y 33 millones de euros más con lo que el desembolso total para la adquisición del palacete se situará en unos 60 millones de euros.

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En un comunicado, el edil popular asegura que la tramitación del expediente de expropiación de Villa Magdalena, y por lo tanto su ejecución, siempre realizó contando con los informes técnicos y jurídicos que avalaban las pretensiones municipales.

Así, afirma que el devengo de intereses no se hubiera evitado con la consignación del justiprecio dado que sólo el pago efectivo en el momento en el que se dicta la sentencia definitiva habría evitado tener que hacer frente a los mismos y habría supuesto una merma importante en la prestación de servicios municipales.

El resultado del proceso se produce, a su juicio, por la evaluación del riesgo de retasación, que no figuraba en el expediente técnico "y es difícil consignar algo que no se encuentra contemplado" y que no fue tratado tampoco en los diferentes debates que suscitó el asunto en el pleno de la Corporación. Según Antuña, al incremento en la valoración de la finca derivado de la retasación se añade otra circunstancia "no previsible" para los entonces responsables municipales como fue la pérdida de vigencia de la ponencia de valores catastrales que llevó a aplicar un nuevo método basado en los valores del mercado inmobiliario que en aquel momento se encontraban "en su punto más alto".

Por tanto, a su juicio, el incremento de valor del justiprecio no puede atribuirse a la negligencia "ni mucho menos a perversas intenciones" de los equipos de gobierno del PP que, según el edil, "actuaron siempre con rigor, defendiendo los intereses del Ayuntamiento y en la búsqueda del interés general".

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Después de que el alcalde haya reclamado la dimisión de sus dos antecesores (Gabino de Lorenzo, ahora delegado del Gobierno; y Agustín Iglesias Caunedo, portavoz del PP), Antuña ha señalado "para evitar falsas atribuciones o inventados oscuros intereses" que el planteamiento sobre el futuro de Villa Magdalena nació en la etapa del socialista Antonio Masip al frente del Ayuntamiento.

De esta forma, según el concejal del PP, fue De Lorenzo quien intentó cerrarlo "sin coste para el Ayuntamiento, pero que fue el pleno municipal, con la oposición a la cabeza, quien apostó por la expropiación". La decisión del Supremo, que supone la última resolución sobre el caso, constituye, a su juicio, "una mala noticia", pero advierte de que el PP no va a consentir "que se demonicen las actuaciones o decisiones tomadas" dado que ha quedado demostrado que se tomaron "en base a derecho y con todo el respaldo jurídico y técnico".

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