El Ayuntamiento tendrá que pagar otros 30 millones de euros más por Villa Magdalena

Todo está en el aire, o directamente perdido, desde ayer. Todas las inversiones aprobadas en el presupuesto municipal, todas las que el equipo de gobierno quería incluir con cargo al remanente de tesorería. Todas. El Tribunal Supremo ha aceptado parcialmente el recurso de Comamsa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2012 en la que, dejando de lado la pericial judicial, situaba el justiprecio de Villa Magdalena en 21,2 millones de euros. En resumen y de forma aproximada, según calcularon ayer ambas partes, el Ayuntamiento deberá pagar a la expropiada otros más de 22 millones de euros como justiprecio, a sumar a los 21,2 abonados hasta la fecha. A ellos habrá que sumar los intereses legales devengados desde que Comamsa solicitó la retasación del palacete en marzo de 2007, aproximadamente 16,2 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aún tendría que abonar 8 más. En total, el fallo del Tribunal Supremo supondría que el Consistorio deberá desembolsar, como mínimo, otros 30 millones de euros por el palacete.

La cifra exacta no es fácil de cerrar. El alto tribunal, de hecho, la deja para la ejecución de sentencia, pero marca los límites en los que se moverá la nueva valoración de la expropiación del palacete, hoy convertido en la biblioteca más cara del mundo.

De lo pretendido por la expropiada, el Supremo tan solo rechaza elevar la edificabilidad más allá del 3,37 metros construibles por metro cuadrado de suelo de la finca. Es la única buena noticia para los intereses municipales. El resto del fallo desmonta los argumentos del TSJA y del municipio. En especial, la interpretación de la sala de que, en contra del criterio del perito, Villa Magdalena 'vive' en la frontera. El TSJA estimó que el suelo de la parcela expropiada debía de valorarse haciendo una media entre el polígono fiscal de la plaza de América y el de San Claudio, ya que se encontraba en el límite entre ambos. También, que la valoración debía minorarse en razón que de las calles adyacentes soportan mucho tráfico. O, en detalle puramente jurídico, que los cálculos sobre el valor de los terrenos, la repercusión del coste de las obras en los que basa su sentencia el TSJA se hicieron al margen de la pericial judicial y acudiendo «a un método no admitido por la jurisprudencia». Los números hechos en Asturias no valen. Los números, aún por hacer, que saldrán de la sentencia del Supremo destrozan las cuentas municipales.

Una historia larga y torcida

La sentencia era esperada desde hace semanas pero en el Ayuntamiento se confiaba en que fuese en sentido contrario. De hecho, se consideraba improbable que el Supremo modificase el criterio del TSJA y entrase en el fondo del asunto.

La sentencia del alto tribunal asturiano rebajó el valor estimado por el jurado de expropiación forzosa para la retasación de Villa Magdalena (siempre calculado a marzo de 2007, cuando Comamsa pidió la retasación) de 23,6 millones de euros a 21,2, sin el 5% de premio de afección. El Ayuntamiento lo celebró entonces como una victoria pero, en realidad, era el doble que la valoración inicial de 1998, que el equipo de gobierno nunca pagó, pese a aprobar la consignación de los 11,8 millones de euros, y que acabó por dar derecho a la retasación, y casi siete veces más que los 3,4 millones de lo que le costó la finca al empresario detrás der Comamsa, Miguel Ángel Menéndez del Fueyo, en el 95.

Todo es difícil de precisar. Los detalles -el valor de las plazas de garaje o los locales comercial que nunca se construirán- quedarán para la ejecución de la sentencia. La representación procesal de Comamsa, llevada por Juan Ferreiro y Martín Pastrana, de Garrigues, declinaron hacer valoraciones sobre el fallo.

Tampoco las hubo desde el lado municipal. Ni siquiera para ciscarse en la gestión hecha por el PP de esta expropiación acabará por costar a las arcas municipales más de 60 millones de euros. Los 30 ya pagados entre justiprecio e intereses, más los más que previsibles 22 de la nueva valoración y otros 8 de costes financieros, acordes a la nueva valoración. Todo por algo que el Ayuntamiento pudo obtener gratis en un convenio urbanístico, pero que acabó torciéndose pese a la buena relación inicial entre la empresa y el entonces alcalde Gabino de Lorenzo.

El Ayuntamiento ha ido pagando la expropiación a regañadientes desde hace tres lustros. Abonó 3,1 millones al ocupar la finca, que el empresario había comprado en 3,4, en 1995. Después se hizo el loco cuando el Jurado de Expropiación fijó, en 1998, el valor de la finca en 11,8 millones. Acordó recurrir el precio y consignar el dinero restante, pero solo hizo lo primero. La decisión del equipo de gobierno facultó a la empresa a pedir una retasación. Lo hizo en 2007 por 63 millones de euros. La factura final no llegará a tanto, pero se aproximará a los 44,5 millones de euros. Más los intereses, 60.