Las terrazas del año nuevo

Ha llegado el día. Tras más de dos años de negociaciones y uno más de moratoria, la ordenanza de terrazas ha entrado en vigor. En realidad, las terrazas de nueva creación ya estaban cumpliendo los requisitos de esa normativa, que obliga a que el cien por cien de las mesas y sillas estén adaptadas para discapacitados y a que solo puedan ocupar la longitud de la fachada del local, entre otras prescripciones técnicas. Son las terrazas ya existentes, las que llevan más tiempo en la ciudad, las que ahora cambiarán y, según los cálculos de los hosteleros, desaparecerán un 70% de las sillas de la ciudad. Porque si algo ha sido esta normativa es polémica. Una controversia que no tiene visos de desaparecer con su entrada en vigor. Cerca de la mitad de las terrazas autorizadas, unas 280 de las 600 con permisos en vigor hasta el 31 de diciembre, no ha tramitado un proyecto nuevo para adaptarse a las nuevas condiciones. Entre quienes sí lo han hecho y han acudido al Ayuntamiento ha solicitar un nuevo permiso conforme a la norma, las negativas son mayoría, «aunque muchas con defectos subsanables», explican desde la concejalía de Licencias

El pasado miércoles, los concejales de Economía y Licencias, Rubén Rosón e Ignacio Fernández del Páramo, mantuvieron una reunión con los hosteleros, un encuentro justo antes de ese cambio que ya se deja ver en algunas terrazas. En la reunión, explicaron que la aplicación de la normativa es inevitable, pero que su intención es que nazca como una «norma viva. Habrá que ver qué sucede, qué consecuencias tiene y qué mejoras se pueden hacer», explicó Del Páramo. Su intención, dice, es la de crear una mesa de debate con todos los agentes sociales implicados para realizar un seguimiento de su aplicación. Una mesa que tendrá posturas claramente enfrentadas.

Algunos colectivos vecinales, entre ellas la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, con Juan García a la cabeza, es inflexible ante la aplicación de la norma. «Hemos redactado un escrito para recordarle al Ayuntamiento, según lo especifican los tribunales, su obligación de aplicar la norma. El Ayuntamiento no puede hacer dejación de funciones y estaremos vigilantes», expresa el representante vecinal. Dice García que, durante los dos años de negociación, «la única aportación que hicieron los hosteleros fue solicitar la moratoria de un año que han tenido para aplicarla. Han tenido tiempo de sobra y si no lo han hecho es porque no les ha dado la real gana», reprocha.

Los hosteleros piden un poco de respeto pues la pérdida de puestos de trabajo es para ellos más que una realidad. Desde Otea, el colectivo de hostelería y turismo de Asturias, insisten en su oposición a la norma. Aunque hay matices. La postura, entendida como tibia, por parte de los asociados de la ahora integrada en Otea, Hostelería de Asturias, propició una ruptura y la creación de una nueva plataforma: Unión y Defensa de la Hostelería de Asturias. Hace apenas quince días, algunos empresarios iniciaron una recogida de firmas en la plataforma 'change.org' que suma unos 1.000 apoyos y han colocado las terrazas con crespones negros ante lo que consideran es la muerte de las terrazas.

«Lo que ocurre es vergonzoso y lo comprobaremos dentro de quince días. Los hoteleros afrontan inversiones elevadas para cambiar las mesas y sillas y los que no pueden pagarlo hacen apaños que perjudican la imagen de la ciudad, pero eso es lo que logra el Ayuntamiento», critica Edén Jiménez presidente de Unión y Defensa de Hosteleros de Asturias, un colectivo crítico también con la patronal. «No sé a que se espera para convocar una huelga. No podemos seguir callados», apunta. Exige también la presencia del alcalde que «se limitó a emitir un bando». Fue el primero que emitió Wenceslao López como regidor municipal y en el recordaba a los hosteleros que debían adaptar sus terrazas a la nueva ordenanza antes del 31 de diciembre del presente año y les pedía que presentaran la documentación necesaria ante el Ayuntamiento «con suficiente antelación para su tramitación».

No obstante en las últimas semanas Licencias ha recibido un aluvión de peticiones, según relata Del Páramo. Los técnicos municipales calculan que en la ciudad hay cerca de 700 terrazas. De ellas unas 100 son de tipo B, fijas, y cuentan con un año más para adaptarse a la nueva ordenanza. Del resto, de las tipo A, las fácilmente desmontables, 340 ya han iniciado el procedimiento y hay más de un centenar sin regular. Eso, sin contar las terrazas estacionales que pedirán su permiso en temporada. «De las que han iniciado el procedimiento 107 están resueltas, 34 han sido denegadas, sobre todo por deudas fiscales con el Ayuntamiento, y el resto están en tramitación ante las numerosas solicitudes recibidas en las últimas semanas», cuenta Del Páramo. La aplicación de la norma, revela, será como hasta ahora, con la supervisión de los técnicos y con un procedimiento sancionador en aquellos casos necesarios. Hay multas de hasta 3.000 euros para los que se rebelen y saquen las mesas sin tener el proyecto, conforme a la nueva ordenanza, aprobado.

La norma

La anterior norma distinguía dos tipos de terrazas: las «fácilmente desmontables» y las «que se instalen por todo el año» y favorecía, tributariamente, a las segundas. Las primeras pagaban un 22% más por el derecho a usar el espacio público durante los ocho meses de la temporada -de marzo a octubre- que las fijas por el mismo tiempo o apenas un 9% menos que estas si obtenían permiso para colocación de mesas y sillas en la calle para todo el año.

La nueva norma, derivada de la directiva europea de Urbanismo Accesible e impulsada por el anterior equipo de gobierno, obligará a modificar cientos de terrazas de la ciudad. Otea señala que el 99% de las terrazas tipo A deberán cambiarse. Todas deberán separarse un mínimo de 1,8 metros de la fachada del edificio y dejar 40 centímetros hasta el bordillo de la acera. Con esos límites, solo se autorizarán terrazas en vías con aceras de 3,70 metros, con algunas excepciones en calles peatonales y el Antiguo. Además, prohibe rebasar el ancho del frente del local o limitar el acceso a portales o negocios.