La exigencia de dimisión a Agustín Iglesias Caunedo centra el debate del Pleno

De lo que toda la ciudad y buena parte de la región habla estos días, de si Agustín Iglesias Caunedo pagó sus viajes a Nueva York, Florida y Croacia bajo sospecha y lo que hizo o dejó de hacer en ellos, le ocupó ayer a la Corporación apenas cuatro minutos de reloj. Los que necesitó Fernando Villacampa (Somos Oviedo) para utilizar un ruego y exponer las contradicciones del exalcalde popular, «que tiene que ir cambiando su versión» según los acontecimientos porque, tras negar una relación con la empresa Aquagest, tuvo que admitir que existía y que, «con su firma, se le perdonaron casi 600.000 euros» a la UTE de la que formaba parte Aquagest (Aguas de Barcelona), además de que con el nombre comercial de Gestión de Ingresos recaudó los tributos locales hasta 2007. Villacampa apeló a las nuevas caras del PP a que pidiesen la dimisión de Caunedo e «inicien una nueva etapa» libre de sospechas de corrupción y de «comportamientos políticamente reprochables». Dos minutos.

El aludido se defendió en primera persona por primera vez: «Hace meses que me denunciaron por malversación en relación al premio Ovetense del Año», se arrancó. «Lo hicieron, manipulando los datos con los de otras publicaciones a las que se apoya. La Fiscalía lo archivó. Su respuesta no fue precisamente democrática: criticaron a la Fiscalía», le espetó. No se paró ahí y recordó que «hace unos días me acusaban de prevaricación por la subvención a las peñas del Real Oviedo. Me acusaron y luego, eso sí, la pagaron, ¿en qué quedamos?». Acusó a los concejales de Somos de manipular datos o ocultar informes -como en el caso de la ayuda a la Aparo- para hacer denuncias que nunca se sustentan. «Todas las decisiones» en Junta de Gobierno (también la de devolver la garantía a la empresa) «se basan en los informes de los técnicos», sostuvo, y concluyó exigiéndoles «que dejen trabajar a la Justicia».

Y cuatro minutos, porque el alcalde, Wenceslao López (PSOE), impidió el intento de réplica del concejal de Somos y saltó al resto de preguntas orales.

Todo en la Audiencia

Y poco más. Novedades no hay. La jueza Pilar de Lara pidió el 31 de julio a la Audiencia que decidiese si imputaba a Caunedo y al exconcejal del PP en Gijón, Manuel Pecharromán, por haberse beneficiado, en 2009, de viajes a Nueva York, Florida y Croacia supuestamente pagados por la empresa. Lo hizo porque en esta pieza separada, la número 4, referida a supuestos tratos de favor para lograr contratos para Aguas de Barcelona, estaban implicados políticos de una veintena de municipios y varias comunidades que excedían sus competencias.

La Audiencia no ha dicho nada. Aún tardará, ya que la jueza, tras recibir críticas por la lentitud de la instrucción, ha enviado a la misma sala el grueso de todas las averiguaciones que inició en 2012 y en las que ha solicitado la imputación de un centenar de políticos de tres comunidades.

De hecho, las palabras que aterrorizan a todos -«putas y varios» y «putiferio», aparecidas en el ordenador de Joaquín Fernández, conseguidor de la trama en Asturias, en relación a esos viajes- son de un informe anterior al auto en el que la jueza pedía la imputación del exalcalde. Son, de hecho, su causa. En las anotaciones de su ordenador, intervenido por los agentes, Fernández apunta gastos de 33.000 euros por estos viajes. Se supone que para pasar a la empresa de la trama como gastos de su actividad como conseguidor de contratos para el gigante del agua.

Lo raro es que desde que el que fuera vicesecretario de Comunicación del PP de Asturias empezó a trabajar para Aguas de Barcelona (Asturagua, por su marca comercial en Asturias), pocos contratos hay. De hecho, cuando, tras el auto del 31 de julio, los agentes de Vigilancia Aduanera se presentaron en el Ayuntamiento para reclamar 12 expedientes, la mayoría (11) eran relativos a los dos contratos sucesivos que durante ocho años mantuvo el Ayuntamiento con Gestión de Ingresos.

Cuentas anuales del servicio, los pliegos, la adjudicación y también un convenio firmado en junio de 2009 por Agustín Iglesias Caunedo, como concejal de Economía, con el gerente de aquella para devolver a la firma la garantía del contrato a cambio de que esta retirase un recurso contra la adjudicación del servicio a La Auxiliar de Recaudación. Ayer volvió a salir a la luz. Al final de la sesión, cuando Caunedo saludaba a algunos militantes del PP, presentes entre el público; el concejal de Economía, Rubén Rosón, se acercó por detrás con el expediente en la mano para pedir al popular que reconociese su firma «en el convenio» por el que «se perdonaron los incumplimientos de la empresa». Caunedo evitó el choque.

El acuerdo puso fin a dos años de pleitos y reclamaciones entre la empresa y el Ayuntamiento y «fue informado favorablemente por la tesorera y el interventor», como recordaron ayer fuentes del PP. Cierto, pero también que supuso la devolución a la empresa de los 840.000 euros de garantía y que el Ayuntamiento renunciase a reclamar a la contratista otros 166.000 por los incumplimientos de esta en la ejecución de contrato. Somos volvió a vincular ayer este convenio con los viajes que investiga la jueza del caso Pokemon y que Caunedo afirma haber pagado de su bolsillo.

La grúa

Con esa sombra sobre la mesa, casi pasaron desapercibidas las preguntas del portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, sobre la ocupación del Ayuntamiento, la recaudación de tributos o la multa y la tasa de la grúa presuntamente retiradas a la vicealcaldesa Ana Taboada. Las primeras, porque el alcalde decidió contestarlas con monosílabos o «no procede». Las de la grúa, las respondió la propia Taboada para remitirse al informe de la Policía Local y anunciar más detalles en la comisión. También, para explicar que otros 60 coches fueron retirados de la misma zona de la que la grúa se llevó el suyo (un reservado para cargos y personal municipal ) y apuntar « un ¿verdad. Belén?». Si se refería a la popular Fernández Acevedo, no quedó claro, porque los problemas con la grúa fueron 'especialidad' de la casquista Belén Arganza.

Tampoco quedó lucida la apelación de Pacho a que el Ayuntamiento colabore en la investigación judicial «sin electoralismos ni aspavientos». No será fácil. Faltan apenas 45 días para las elecciones