El Ayuntamiento de Oviedo no logra derribar el chalé ilegal de Brañes por falta de permisos

El Ayuntamiento no derribó ayer finalmente la vivienda ilegal de Brañes. Los propietarios reclamaron a la Policía Local una orden judicial para permitirles acceder a la finca «de forma voluntaria». Al no contar con este documento, los agentes permanecieron en el exterior: «Venimos a dar cumplimiento de una resolución municipal y debe permitirse» la entrada, explicaron. «No vamos a oponernos si es por la fuerza, pero sin orden judicial no vamos a dejarles que entren», aclararon los dueños del chalé, Beatriz Fernández y Alexander Ermakov. «No estamos entrando con fuerza», advirtió el agente de la Policía Local sin que se viviera ningún momento de tensión en la escena.

Ocurrió ayer a las 9.30 de la mañana en Las Cabañas, en Brañes, delante de la finca propiedad del empresario ruso en la que vive su exmujer con sus tres hijos menores de edad. La hora era la señalada por el Consistorio en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que obliga a la demolición de la casa prefabricada. Acompañaron a la patrulla varios técnicos municipales y operarios de FCC, la empresa concesionaria del contrato de ejecuciones subsidiarias, con herramientas para comenzar los trabajos de derribo. No llevaron grandes maquinarias, quizá suponiendo que la pareja se negaría al derribo como ya había anunciado.

Ayer Beatriz y Alexander se mostraron unidos. Él se encargó de hacer la mayor parte de las declaraciones a los medios de comunicación. Aseguraron estar sufriendo «acoso» por parte de los agentes y una persecución de la Administración que tiene «prisa por echar abajo la casa cuando no tenemos dónde ir». Ella afirmó «tener miedo» por el trato que está recibiendo y lamentó la falta de una «solución» para disponer de un techo bajo el que vivir. Ante sus reclamaciones, ha encontrado «silencio» por parte del Consistorio, denunció la pareja, e insistió en saber «quién está detrás de esta trama corrupta», dijo apuntando directamente al arquitecto que tramitó los permisos para construir la vivienda en Brañes y contra quien está pendiente un juicio en el que tanto él como el promotor de la casa, Alexander Ermakov, están imputados por la construcción de una casa de forma ilegal.

Hace cinco años

El empresario recordó que cuando compró la finca su intención era rehabilitar una antigua vivienda pero los permisos tardaban y el arquitecto le propuesto instalar una nueva «fácilmente desmontable», y así hicieron. «Todo lo tramitó él y cuando se hacían las obras por aquí venían del Ayuntamiento y la Policía Local. Nadie dijo nunca que fuera ilegal la vivienda», excusó.

Un año después, una denuncia del Seprona alertó de la situación pero «el expediente murió en el cajón del Ayuntamiento» del antiguo concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. Y no ha sido hasta ahora, «cinco años después», cuando el nuevo equipo de gobierno acata una sentencia judicial.

Los responsables municipales, por su parte, se limitaron ayer a explicar que lo que ocurrido por la mañana forma parte de una obligación legal y que están buscando un lugar para que Beatriz y sus tres hijos puedan vivir. Tanto ella como su exmarido reclamaron «diálogo» en la búsqueda de una «solución» que impida el derribo de la casa «por motivos humanos y sociales», y porque «no podemos hacer frente a los gastos» que supondría la demolición: 40.000 euros que el Ayuntamiento cobraría a la familia por tener que acometer subsidiariamente la demolición del chalé ubicado en un paraje protegido.