200 funcionarios para 223.000 vecinos

«Tenemos que reconstruir lo público» (Wenceslao López, alcalde); «el Ayuntamiento está vacío» (Iván Álvarez, concejal de Personal); «tenemos una notable falta de personal» (Rubén Rosón, concejal de Economía). El tripartito tiene un mensaje común: los sucesivos gobiernos del PP desmontaron la Administración y ellos pagan las consecuencias. ¿Es para tanto? El Ayuntamiento gastará en personal este año, entre nóminas y cotizaciones, 53,8 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto. En comparación es un poco menos que en 2009 (55 millones), pero casi lo mismo que en 2008, después de más de un lustro con los sueldos públicos congelados y pese a la prohibición de incorporar nuevo personal decidida en 2011 por el Gobierno central.

En la plantilla municipal figuran 788 plazas, 223 menos que cuando en 1991 el PP tomó el bastó de mando. Más preocupante, para el nuevo Gobierno local, es que 130 de ellas estén vacantes. Así que el Ayuntamiento funciona con 650 funcionarios, de los que pueden restarse los 281 de la Policía Local y los 74 de Bomberos. El resto de servicios, desde Licencias a Educación o Cementerios, se mantiene con tan solo 275 personas. Y ni siquiera. Esa cifra conviene matizarla. El ahora cuestionado organigrama, la Relación de Puestos de Trabajo impulsada por el PP, permitió este año iniciar la reclasificación de 73 trabajadores de las categorías más bajas. Gente que había entrado en el Ayuntamiento como oficial, maestro carpintero o mecánico y que desempeñaba, tras la privatización de servicios, otras tareas. Para ellos se crearon 63 plazas de auxiliar de información (ordenanza) y 16 de auxiliar administrativo que, tras superar un examen, podrán empezar a ocupar a finales de este año. Quedan 200.

Pocos, envejecidos y caros

El área Técnica funciona con tan solo cuatro ingenieros superiores. De hecho, el PP amortizó este año una quinta plaza. No es el peor caso. En Inspección de Tributos, en el control y aprobación del censo fiscal y de los recibos de todos los gravámenes municipales, hay tan solo una inspectora. Los planes del nuevo equipo de gobierno para recuperar la gestión pública de la recaudación dependen de la voluntad del Ente Tributario del Principado de asumir tareas que el Ayuntamiento, vacío, no podría.

Hay, además, desequilibrios. El Ayuntamiento tiene en plantilla el mismo número de veterinarios, para sus limitadas competencias en salud animal, que de titulados superiores del Área Económica, que deben desarrollar la política presupuestaria y tributaria.

La edad media de los funcionarios municipales también es elevada. En la Policía Local se aproxima a los 50 años. Sigue pendiente la provisión de 22 plazas de agente, pero los planes del Gobierno para permitir su jubilación a los 60 generarían de forma inmediata el mismo número de bajas. En los últimos cinco ejercicios, la plantilla ha perdido por jubilación a 84 trabajadores.

Además, durante los mandatos del PP, este se ha inclinado por crear plazas de personal laboral. Tal vez, por evitar problemas con la representación sindical de los funcionarios, históricamente en manos de las centrales. Algunas de esas plazas fueron aún así muy criticadas, por acabar en manos de personas muy próximas al alcalde, Gabino de Lorenzo, como su secretaria o su jefe de gabinete, pero no solo. En la lista de personal laboral (84 empleados) hay 28 trabajadores sociales, 11 monitores de la Escuela Música Tradicional o un profesor de fagot.

Y es una plantilla cara. Según un informe anexo a la Relación de Puestos de Trabajo tramitada por el PP, los niveles más altos reciben retribuciones un 20% superiores a sus equivalentes en ayuntamientos del mismo tamaño. La ciudad llegó a tener 35 funcionarios con el nivel 28 o más, cada uno con costes para el Ayuntamiento de más de 80.000 euros al año.

¿Cómo se entiende que no baje la masa salarial pese a las jubilaciones? En buena medida, se debe a problemas o errores en la gestión de personal. Unos que han permitido la incorporación de casi 170 trabajadores a la plantilla como personal laboral no fijo tras ganar una sentencia al Ayuntamiento. Solo el año pasado, casi un centenar, entre las educadoras de las escuelas infantiles (un problema común al resto de municipios asturianos) y operadoras de la centralita de Bomberos. Pero hay también 25 profesores de música, 5 licenciados en Derecho o 9 auxiliares repartidos por varios servicios.

En esas 70 plazas tiene puesta la mirada el nuevo equipo de gobierno. Son, según sentencia judicial firme, puestos de trabajo estructurales. Son, según la ley, puestos que deben cubrirse en condiciones de igualdad y ateniendo a los méritos y capacidad por oposición. Sería la fórmula para evitar los límites legales impuestos por el Gobierno a la masa salarial, que no crecería porque ya están cobrando del Ayuntamiento, o la tasa de reposición, que solo permite sacar una plaza por cada diez jubilaciones.