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Ana Salas
Martes, 18 de agosto 2015, 00:18
La alcaldesa en funciones Ana Rivas se mantuvo firme un día después de que este periódico publicara la reclamación de Jovellanos XXI por la obra del palacio de congresos en la defensa de los intereses de la ciudad. Es decir, en tratar de evitar el pago de 90 millones de euros que ahora exige el administrador concursal, ejercido por Lexaudit, de la compañía en liquidación. Ayer, sus socios de gobierno apoyaron a la socialista. Lo mismo que Ciudadanos mientras el PP prefirió guardar silencio respecto a una operación que conoce bien.
La ahora alcaldesa en funciones y líder de Somos, Ana Taboada, aparte de calificar de «desorbitante» la cuantía que pide la empresa, considera que el Ayuntamiento de Oviedo no debe pagar a «quienes hicieron uno de los negocios más importantes de Asturias en los últimos 15 años», refiriéndose a las familias Cosmen y Lago, las protagonistas de la conocida como 'operación de los palacios'. Lamentó que esta sea la «herencia recibida» por el tripartido fruto de la gestión «negligente» de dos administraciones de distinto signo político. El Ayuntamiento impulsó una operación en la que también participó el Gobierno regional con la compra a través de Sedes de las 'alas' del palacio de Buenavista. Para Taboada la reclamación del administrador concursal «responde a una operación pensada para hacer daño a la ciudadanía en beneficio propio» que ha acabado, en el aspecto arquitectónico, con «una obra mastodóntica que no vamos a olvidar».
En opinión de la alcaldesa accidental y abogada, el Ayuntamiento no puede pagar a Jovellanos XXI lo que exige porque la obra «está absolutamente compensada con el aprovechamiento lucrativo» que obtuvo en el transcurso de la operación. La administración concursal recurre la resolución del contrato de los palacios, y ayer Taboada observó que «quienes intervinieron en esa toma de decisiones tendrán responsabilidades» en caso de que el Consistorio no acierte en su defensa. Porque, entre otras cosas, el Ayuntamiento recepcionó las obras de un palacio «que ni siquiera funcionaba como debería».
La demanda presentada en el Contencioso Administrativo número 3 advierte cosas sobre esta cuestión pensando en «anticiparse a la posible réplica municipal», ya que «las modificaciones en los proyectos de ejecución son modificaciones de la obra que fueron aprobadas municipalmente y que han sido recepcionadas por el Ayuntamiento».
El administrador concursal considera que «negarse al pago de la obra supondría un descarado enriquecimiento injusto» por parte del Ayuntamiento. Algo que, por supuesto, rechazan en el gobierno local. La edil de IU, Cristina Pontón, «suscribió» a Rivas: «Quienes tienen que pagar son ellos, en todo caso», acusó a Jovellanos XXI.
En lo relacionado con la 'operación de los palacios' el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, se alinea con la postura defendida por el gobierno local. «Tendrá todo nuestro apoyo para resolver la situación», aseguró el concejal que animó a elaborar «un plan de contingencia por si el resultado es el peor» de los posibles. Pidió, sin embargo, evitar «mensajes alarmistas» e insistió, como todos los anteriores en que «la culpa es del PP, de Gabino de Lorenzo y de Agustín Iglesias Caunedo». Los populares ayer miraron para otro lado.
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