La Madreña impulsa una acusación popular contra la operación de los palacios

El colectivo que gestionaba el centro social La Madreña se ha personado como acusación particular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo tras la denuncia de los trabajadores de la empresa pública Sedes por la operación de los palacios de Oviedo.

Ana Taboada, la abogada que defiende a los once imputados de este colectivo acusados de usurpar la sede del edificio del centro social de La Madreña, antigua Consejería de Sanidad del Principado situada en la calle General Elorza de la capital, ha explicado a Efe que esta acusación popular, que se presentó el pasado día 8, está amparada por el grupo Ecologistas en Acción.

Ha recordado que los trabajadores de Sedes presentaron una denuncia contra la empresa pública ante el "sobreendeudamiento y descapitalización" de la misma en esta operación y contra su Consejo de Administración por "haber tomado decisiones favoreciendo el ánimo de lucro de terceros", como la empresa promotora de la obra, Jovellanos XXI, que, a su juicio, es "susceptible de un delito societario".

Taboada ha resaltado que esas decisiones que se adoptaron por parte de Sedes sirvieron para que la Administración del Principado comprara oficinas en Palacio de Calatrava sin recurrir al preceptivo concurso público, a un precio de 3.000 euros el metro cuadrado cuando otra zonas del edificio se vendió a 1.000 euros el metro cuadrado.

Ha recalcado que estas operaciones "no tenían ni estudio de viabilidad y evitaban la legislación que rige los contratos del Estado y del Patrimonio del Principado de Asturias".

Para pagar esta oficinas se entregaron a Sedes unas parcelas, entre las que está la de la calle General Elorza, con el fin, según ha subrayado, de "sortear la ley de Patrimonio autonómico mediante estas permutas por valor inferior a los veinte millones de euros que permitían eludir el control de la Junta General".

En este punto, Taboada ha criticado la actuación de la Administración regional, que a su juicio "incumplió una normativa propia a sabiendas con el fin de evitar el control parlamentario".

Ha apuntado que la denuncia de los trabajadores de Sedes formula una acusación por delitos societarios contra los miembros de los órganos de la empresa pública Sedes que votaron a favor de la operación y su Consejo de Administración, entre los que estaban, según ha indicado, representantes de Cajastur o el entonces director general del Vivienda, Manuel González Orviz, o el concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Jaime Reinares.

La abogada ha señalado que en la denuncia también están implicados los miembros del Gobierno regional que tomó esas decisiones a "sabiendas de su injusticia".

Además, la acusación popular pide que se habrá una investigación sobre las decisiones tomadas en este asunto, ya que, en su opinión, "podría haberse producido delitos de prevaricación y de exacciones ilegales por parte de los miembros del Gobierno y de los responsables técnicos que actuaron en estas operaciones".

En relación a Jovellanos XXI, Taboada ha apuntado que pedirá que se investigue si los responsables de la empresa "influyeron en los órganos de gobierno de la Administración y de Sedes por medio de alguna contraprestación que favoreciera esta operación".

La letrada ha indicado que han pedido que todo el expediente de investigación desarrollado en el Ayuntamiento durante la Comisión de los Palacios se traslade hasta esta causa para que "se dictamine si podría derivarse alguna personalidad penal por parte del gobierno municipal que, por entonces, tomaron esas decisiones".

En relación a los once imputados por la usurpación del edificio de la ex Consejería, la abogada ha indicado que el juicio sigue adelante tras la decisión del juez de dictar el procedimiento abreviado y a falta de los escritos del fiscal, acusación particular y defensa para que se feche el día que comience el juicio oral.