La documentación de la operación de 'los palacios' llega a Fiscalía

La operación de 'los palacios', que lleva meses agitando la política municipal, da un salto y llega ahora a la Fiscalía. El presidente de la comisión, Roberto Sánchez Ramos, entregó ayer en mano toda la documentación -su informe de conclusiones y el acta con la declaración del representante de Ipezsa sobre posibles irregularidades- a la Fiscal Superior del TSJA. Su intención no es otra que sea ahora la justicia quien decida si existe o no responsabilidad penal. Lo hace solo un día después del Pleno en el que el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, utilizó su voto de calidad para aprobar un informe de conclusiones sin responsables políticos, ni Gabino de Lorenzo, ni Reinares, ni ninguno de los miembros del Gobierno del Principado: «Más allá de la catástrofe política y del despilfarro causado, hay que determinar si puede haber delito», y «es el poder judicial el único capacitado para realizar esa investigación con todas las garantías y toda la capacidad para llegar a sus últimas consecuencias», en palabras de Sánchez Ramos.

El presidente de la comisión aprovechó además para recordar que «ya existe una investigación penal en marcha a la que queremos sumar los informes. Tras la comisión política hay que determinar quiénes delinquieron para favorecer intereses privados. Ahora sí, los cargos del PP y del PSOE tendrán que declarar si se les llama. Y espero que ambos, que siempre han estado de acuerdo con esta operación, asuman políticamente las posibles consecuencias penales ya que han sido incapaces hacer venir a declarar a sus jefes durante la comisión». Durante las comparecencias faltaron 13 de los 24 llamados, entre otros, algunos de los que desarrollaron un papel crucial en el transcurso de esta operación, como el exalcalde Gabino de Lorenzo. También plantó al órgano el expresidente Vicente Álvarez Areces, a quien Foro señalaba como responsable político. Este grupo político anunciaba el mismo jueves su intención de remitir a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas los documentos a los que los concejales tuvieron acceso durante la comisión para que investiguen si se ha cometido algún delito en el proceso. También el PSOE pidió a la comisión que valorase la posibilidad de enviar el dictamen y el expediente a la Fiscalía.

Desde el órgano judicial se limitaron a decir que «la documentación se ha registrado». Y pese a que Sánchez Ramos ya elaboró en su día su informe de conclusiones, tras el último dictamen, resume ahora la comisión «como la imagen espectral de la Asturias de los partidos mayoritarios de la década de los 90 y 2000». Y ofrece su colaboración para facilitar cualquier documentación de los casi 8.000 folios analizados, las actas de la comisión, el informe final que no altera el texto de la presidencia salvo «en el apartado de responsabilidades políticas, así como cuantos antecedentes considere necesarios la Fiscalía».