Mal vamos

Su argumento no supuso la defensa de un derecho a proteger, sino un planteamiento inadmisible incluso para quienes le proponían: imponer a la Administración asturiana la distribución de sus sedes en función del domicilio o la conveniencia de sus funcionarios. Las reacciones fueron inmediatas. Avilés se sintió menospreciada. Su alcaldesa, Mariví Monteserín, tiró de bisturí y con solo una frase, «que vengan a vivir aquí y vivirán mejor», reivindicó la dignidad de su ciudad, expresó el malestar de sus vecinos y apuntilló la candidatura. A socialistas y populares no les quedó más opción que observar en silencio cómo el candidato saltaba al agua sin salvavidas. Acudir en su defensa hubiera significado respaldar la arbitrariedad de elegir la sede del nuevo organismo no en función de lo razonable, ni siquiera de la conciliación, sino de la comodidad, que no es lo mismo. Y José Manuel Fernández tuvo que tomar la puerta de salida, la única que le dejaron abierta, al menos con la dignidad de irse antes de ser desalojado.

Cabe suponer que a estas alturas de siglo los altos funcionarios del Principado tengan unas condiciones al menos razonables para conciliar su vida personal y profesional. Si no es así, tal vez el Principado debería revisar su organización, aunque el sentido común parece señalar que no son precisamente el colectivo con más dificultades en este aspecto. Pero esa no es la cuestión. Lo que llama la atención es que a un funcionario le parezca tan normal esgrimir como argumento su situación conyugal para determinar la sede de un servicio público que, paradójicamente, entre otras cuestiones debe erigirse como dique de contención frente a la arbitrariedad. Si a estas alturas queda en la Administración quien no tiene claro que sus decisiones deben regirse por las necesidades y derechos de los asturianos antes que los suyos, mal vamos.