De la ejecución de los fondos europeos

Al margen de disputas entre administraciones, lo que queda de 2024 y el año 2025 son cruciales para la aplicación de estos fondos. El Gobierno debe realizar más reformas y hacer que las subvenciones y los préstamos lleguen a las empresas. En mi opinión, la aplicación debería avanzar más rápido porque hay poco tiempo para ejecutar. Estamos ante una cuenta atrás para aplicar el maná europeo y, por ello, como país, debemos tener ambición para que ese programa de Bruselas que empezó siendo un plan de ayuda para afrontar la 'covid' nos sirva para transformar y mejorar nuestra economía. Estamos en agosto de 2024. Han pasado 30 meses desde que se aprobó «Next Generation», este programa gigantesco de 723.800 millones de euros (la mitad en subvenciones) que nació con unos cuantos elementos novedosos. Se financia con deuda comunitaria, en vez de proceder de los presupuestos de los Estados miembros, y se paga solo cuando los receptores demuestran que están adoptando reformas legislativas y cumpliendo con los objetivos de la inversión. Nos quedan dos años, hasta agosto de 2026, para que se dé por finalizado el plazo de ejecución de los 163.000 millones asignados a España. La cantidad suma a los 69.500 millones iniciales otros 93.500 a través de una adenda (10.300 en subvenciones y, el resto, en préstamos) aprobados por Bruselas el pasado otoño. Así que queda una cuenta atrás vertiginosa para aplicarlo, lo cual, en esta piel de toro choca, como siempre, con la pesada burocracia y una dinámica administrativa en capas que ralentiza los procesos, incluido el de algo tan bueno como gastar adecuadamente el dinero que nos quieren dar.

Pienso que las cifras de ejecución hasta ahora no son todo lo buenas que cabría esperar y no dejan de ser una muestra de que algo no funciona debidamente. Los fondos 'Next Generation' nos están mostrando, una vez más, que en España es muy difícil movilizar la ejecución de inversiones, al menos cuando están dirigidas por las administraciones. Estas, por decirlo suavemente, están diseñadas para no ejecutar este tipo de gasto. Todo ello deriva del procedimiento imperante en las administraciones que no deja de ser la consecuencia de vivir en un país con la mentalidad del 'Lazarillo de Tormes'. Tras años de destapes de casos de corrupción (y los que no se habrán destapado), las garantías para los trámites son tales que resulta muy complicado dar un paso dentro de un procedimiento si no se dan garantías por duplicado o triplicado de que todo es correcto y conforme a la norma: informes, dictámenes, firmas y más firmas… La burocracia nos ahoga por la sencilla razón de que la hemos creado y ahora nos damos cuenta de que nos entorpece y complica algo tan importante como la aplicación de estos fondos que, bien ejecutados, deberían servir para una mejora sustancial de nuestra economía. ¿En qué quedará todo ello? Lo comprobaremos en agosto de dentro de un par de años.