Apuntes económicos para el final de año

Para los 'negacionistas' del cambio climático, por si todavía queda alguno en nuestro país (no menciono ahora a nadie al otro lado del charco), desde el punto de vista financiero defendemos con rotundidad la necesidad de tomar medidas. No hay alternativa: el futuro de las finanzas se tiñe de verde. Afrontar el cambio climático y avanzar hacia una economía neutra en carbono requiere de la movilización de una cantidad ingente de recursos. Se trata de abandonar el capitalismo basado en los combustibles fósiles y abrazar un nuevo modelo, cimentado en las energías renovables. El viraje, obviamente, no es sencillo ni barato. Con el mundo al borde del abismo medioambiental y social, los inversores, y también los gobiernos, han caído en la cuenta de que es posible ganar dinero sin tener que dañar el planeta. Carlos Cuerpo, en un encuentro reciente en el que diversos expertos analizaron el futuro de los préstamos destinados a proyectos vinculados con la sostenibilidad, afirmó que en 2023 las emisiones globales en el mercado de finanzas sostenibles alcanzaron los 872.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 3% respecto al año anterior. Señaló, además, que el total de este mercado ya supera los siete billones de dólares a escala global, pero reconoció que aunque el mercado sigue en expansión, se ha observado una desaceleración en su ritmo de crecimiento, atribuida en parte al fenómeno del 'greenwashing', el 'ecopostureo' que hacen algunas empresas al ofrecer sus productos o servicios como sostenibles cuando no lo son. Una mala práctica que hay que identificar y penalizar. Por otro lado, España ha subido su órdago sobre el hidrógeno verde, dado que el plan aprobado por el Gobierno triplica la apuesta por el denominado 'carbón del futuro'.

Cambiando de tercio, al ámbito bursátil, un terreno en el que he desarrollado buena parte de mi investigación académica, la Bolsa española no se puede decir que esté para grandes alegrías, y así viene siendo en los últimos años. Tuve el placer de dar una conferencia el pasado 14 de noviembre, a la que me invitaron en la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, con el título '¿Qué pasa con la Bolsa española?'. Y es que, efectivamente arrastramos un grave problema: salen pocas empresas a cotizar y algunas de las que cotizan dejan de hacerlo. No es cosa buena ni para el mercado de valores ni para la economía española. Leía yo en una entrevista a Armando Rubio-Álvarez, responsable de Jefferies en España y Portugal, que confiaba en que 2025 será un buen año para las salidas a bolsa, basándose en la certidumbre económica y declarando que son un termómetro muy bueno para calibrar el apetito por hacer operaciones, porque requieren de mucha confianza por parte de los inversores. No estoy segura de ello, de que esta tendencia se revierta –el parón de estrenos de los últimos años–, pero espero estar equivocada. Por otro lado, la caída del volumen de negociación del mercado español hace que se haya producido un olvido de los pequeños valores y que los inversores estén centrando sus apuestas en las grandes cotizadas.

Por último, el asunto sanitario está complicado. Es obvio que se ha producido una huida de las clases medias de la sanidad pública y, además, se está produciendo un efecto de cuidados inversos: los que más necesitan la atención por su vulnerabilidad son los que menos cuidados reciben. Además, en el momento en que escribo estas líneas sigue sin llegarse a un acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona ahora el seguro de salud de 1,49 millones de empleados públicos —en activo y jubilados— y de sus familiares. Los funcionarios podemos escoger cada año ser atendidos por la sanidad pública o por la privada. Cerca del 80% escoge la segunda opción. Durante 23 años he formado parte del otro 20%, del que escogía la sanidad pública. Hasta este año, si es que el sistema no se rompe. ¿La razón? Considero que la sanidad pública cada vez está peor gestionada. Deberían replantearse seriamente esta cuestión si no quieren que se machaque uno de los grandes pilares de nuestro estado del bienestar.