Salvar las pensiones

Allá por el año 1985, el Gobierno de Felipe González ya aumentó de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y de 8 a 10 años de cotización para tener derecho a la misma.

CCOO convocó huelga general el 20 de junio de ese mismo año donde UGT no participó. A pesar del éxito de la movilización el PSOE no retiró su reforma, pero estableció posteriormente la revisión automática anual según el IPC.

A propuesta de CIU en el año 1995 el Congreso de los Diputados creó una ponencia parlamentaria para elaborar un informe sobre los problemas estructurales de la Seguridad Social, que derivó en el tan citado Pacto de Toledo. Aquí se decidió aumentar hasta los 15 años para tener derecho a la pensión (más madera).

Luego llegaría la crisis de 2010 donde Zapatero ante las presiones de la 'troika' propuso una nueva reforma que se firmó con los sindicatos y la patronal, aumentando progresivamente la edad hasta los 67 años y pasando de 15 a 25 el período de cálculo.

Llegamos al año 2013 y el PP con su mayoría absoluta aplica unilateralmente el «factor de revalorización» del 0,25%, que supone de hecho la congelación. Sin obviar que cuando Rajoy llegó al gobierno el Fondo de Reserva tenía casi 67.000 millones de euros y se marchó en 2017 dejándolo con 8.000 millones (peccata minuta).

Ahora, con el Gobierno de coalición se ha conseguido corregir una parte del desaguisado anterior recuperando el IPC -aunque no es definitivo-, pero siguen pendientes cuestiones como eliminar el factor de sostenibilidad, la subida de las pensiones mínimas hasta el SMI, fuentes de financiación, etcétera. Y vuelve a sonar aumentar los años de cotización para el cálculo (nueva puntilla).

Por eso no podemos estar tranquilos -6 de cada 10 pensiones contributivas actuales no superan los 700 euros- ni callados, porque las nuevas pensiones si no se abordan con visión futura y compromiso social, se convertirán para una mayoría en asistenciales (especialmente para colectivos precarizados como las mujeres y los jóvenes).

Cuando se levante el estado de alarma por la pandemia, debemos ponernos en «alarma social» para salvar la economía de miles de pensionistas y trabajadores, una vez más los damnificados de la nueva crisis. No queda otra alternativa.