Salvador Illa: ¿Valor en alza o piedra de discordia?

Para más efectismo, las elecciones catalanas previstas inicialmente para el 14 de febrero, luego aplazadas probablemente para el 30 de mayo y, de nuevo habilitadas para el 14 de febrero, permanecen aún en un suspense considerable, que parece solo se va a aclarar poco antes de los comicios. Finalmente Illa ha decidido dejar el ministerio el 26 de enero para dedicarse a su candidatura en plenitud y evitar más conflicto con la doble función.

En la medida en que no se ha garantizado la opción del 30 de mayo, a mi modo de ver la más juiciosa sin duda respecto a la marcha de la crisis sanitaria, al exministro poco margen le quedaba ya para mantenerse en el cargo, aunque en efecto los datos son claramente negativos.

Pero nadie puede dudar de la legitimidad de la decisión de Illa para concurrir a unas elecciones realmente decisivas para su partido y también para la política catalana, que se va a jugar en la próxima etapa una salida crucial al conflicto que se viene viviendo en los diez últimos años con el Estado y que necesita encontrar la fórmula, provisional, o definitiva, para contar con una alternativa viable para las próximas décadas.

Otra cosa será saber si la figura de Illa será la idónea para afrontar esa tarea, pues es muy distinto lidiar con un ministerio, aunque sea en circunstancias extremas, que desenvolverse en un conflicto en el que no parte de cero, ya que como secretario de Organización de los socialistas catalanes ya jugó su papel en la crisis de 2017, donde el PSC no tuvo un papel nada equilibrado. Pero si las tornas han cambiado lo suficiente e Illa asume un nuevo rol mediador, capacidad no le falta para ello. Rigor, templanza y valentía le adornan, pero también va a requerir autonomía política para desenvolverse en márgenes muy estrechos.

De todas formas, el aplazamiento electoral era lo más lógico, tal como expresaba en sus declaraciones públicas la consejera de Justicia de la Generalitat catalana, Ester Capella, en la mañana de la comparecencia judicial. No solo porque las vascas y las gallegas fueron aplazadas en situaciones similares desde el punto de vista sanitario, aunque se alegue la existencia de un estado de alarma más riguroso.

En este caso la intervención judicial, por supuesto legal, debida a los recursos planteados, complica la solución, pues la clave no está en lo jurídico sino en lo sanitario y los jueces no son expertos en esa materia.

Es pena que la incidencia de las encuestas haya enturbiado el ambiente, pues no creo que el impacto Illa, con ser positivo para sus filas, llegue al nivel que apuntan algunos sondeos. Pero frente a los que vociferan con la urgencia electoral, solo cabe decirles que en Catalunya ni siquiera se han cumplido los cuatro años de mandato, que finalizan el próximo 21 de diciembre, y la mayoría parlamentaria que sostiene al ejecutivo catalán es totalmente estable, al margen de que no se haya nombrado un nuevo president tras la inhabilitación de Torra (por poner una pancarta).

Lo normal será un resultado electoral muy fracturado, que comportará una larga negociación para formar gobierno. En este contexto, un nuevo tripartito, PSC, ERC y Comunes, se presenta como opción posible, aunque muchos aún lo nieguen. Pero todos los actores de ese pacto hipotético deben tener vocación de solución de la crisis del procés y del 1-O en particular. Pero votar con los presos políticos en la cárcel es un síntoma negativo de esa hipótesis esperanzadora. En la misma línea, las declaraciones de Pablo Iglesias respecto a Puigdemont son completamente coherentes si queremos cambiar la mirada sobre el independentismo y practicar la dialéctica del entendimiento y no la de la desafección. Lo que no impide aclarar que ningún exilio político es comparable a otro, por lo que las afrentas sobran.