El ruido y la furia contra el Congreso de los Diputados

Sin embargo, se atribuyen las causas de este deterioro a la fragmentación y la polarización políticas, acentuadas durante la última década, a la consolidación de una deriva anterior en el tiempo de fortalecimiento de los ejecutivos frente al legislativo o como trasunto de lo personal frente a lo colectivo, inherente a la política populista.

Entre otros problemas, se destacan los obstáculos del pluralismo y la polarización política para la investidura, como también para la renovación de los organismos constitucionales, o en el desarrollo de las tareas parlamentarias más esenciales, como es la aprobación a tiempo de los presupuestos y por extensión la labor legislativa, sustituida hace tiempo por el abuso de los reales decretos, y asimismo en el efectivo control del Gobierno, entre otras con las interpelaciones o las comisiones de investigación. Convertidos en realidad en representaciones teatralizadas, tan solo para la galería de los medios de comunicación, pero de escaso contenido y un resultado aún menor en cuanto a la depuración de responsabilidades.

Sin embargo, la primacía del ejecutivo sobre el legislativo no es ni siquiera de esta década, ni tampoco la profusión de los reales decretos en base a la extensión arbitraria de la excepcionalidad o la urgencia, ya sea por coyunturas económicas o más recientemente en el contexto de catástrofes, o en la actualidad como consecuencia de la pandemia de la covid 19.

Aunque entre las causas tampoco se encuentra, como se ha argumentado por parte de los sectores conservadores, la carencia y la resistencia del Gobierno de coalición a la elaboración de una legislación propia para pandemias, ya que nuestras leyes de pandemias ya existen, como eran hasta ahora fundamentalmente la ley del estado de alarma, la ley de medidas especiales de salud pública y la ley de cohesión, que por otra parte no son diferentes de las leyes de nuestro entorno político y cultural europeo. Si acaso, lo que se ha puesto de manifiesto es la falta de experiencia previa para la llamada cogobernanza del modelo autonómico en situaciones de emergencia, en la que la gestión del conjunto de los servicios sanitarios y sociales está en manos de las CC AA y al Gobierno central se le atribuye la competencia de legislación básica y de coordinación en materia sanitaria y de salud pública.

Por otra parte, las comisiones de investigación, tanto aquí como en los EE UU, es más frecuente que investiguen hechos pasados y en consecuencia a gobiernos anteriores, como hoy ocurre con la 'operación Kitchen' en España o con el asalto al Capitolio en los EEUU, ya que requieren de la mayoría parlamentaria para su aprobación y para el desarrollo de sus trabajos. Sin embargo, solo en nuestro país, por el carácter retrospectivo y por su contenido partidista a diferencia de los tribunales de justicia, se descalifican como inútiles, no sin antes haber aprovechado las comparecencias para destacar los aspectos más teatrales y efectistas de esas comparecencias y para demostrar su impertinencia. Las recomendaciones de futuro tienen cabida en las comisiones de estudio o en las comisiones especiales, como ha ocurrido con la comisión parlamentaria sobre las conclusiones y recomendaciones relativas a la pandemia, aunque en este caso al parecer las comparecencias y la documentación no suscitaron el mismo morbo mediático e interés político.

En definitiva, en sus funciones constitucionales fundamentales, el papel del Parlamento no parece que vaya a peor, como ocurre con la moción de censura, la investidura y los dos presupuestos aprobados, ni tampoco en las cuarenta y siete leyes a mitad de legislatura o en las principales materias sociales o laborales, como las consensuadas en el Pacto de Toledo y en el seno de la concertación social.

Lo que sí supone una catástrofe provocada de ruido y furia es el control parlamentario y su proyección pública. El problema del Parlamento es su instrumentalización como vertedero de mentiras e insultos por parte de una derecha cada vez más 'trumpista', que a veces cuenta con algunos otros apoyos interesados, con la intención de degradar la política y con ello el corazón de la democracia representativa. El deterioro y la deformación del control parlamentario sí que son propios del tiempo populista.

Sin lugar a dudas, hay muchos defectos, debilidades objetivas y un amplio margen de rectificación y de mejora por explorar, pero algunas de estas cuestiones han cambiado para bien. El Pacto de Toledo ha sido respetado y aprobadas sus recomendaciones, las prórrogas del estado de alarma, aunque con dificultades, han sido aprobadas, como también los dos presupuestos de la legislatura.

Ahora la reforma laboral, que como fruto de un amplio y largo proceso de concertación social no le niega nada a la autonomía del Parlamento. Sin embargo, la intención de algunos de someter el acuerdo a una tramitación ordinaria como proyecto de ley, más que a mejorarlo oculta la intención de anularlo. Algo que no nos podemos permitir.