Para la rima

Sin embargo, lo importante para el equipo de gobierno municipal es no comerse el marrón, porque a instancias legales es quien tiene la última palabra en la concesión de la licencia. Algo que ya han puesto en solfa en Urbanismo, al pedir más información sobre el tránsito de vehículos por la zona. En resumen, el Ayuntamiento no ve con buenos ojos la ITV en Granda, no sólo por el rechazo vecinal que ha generado, sino también por ir en contra de su manera de entender la movilidad.

Estaría bueno que, después de una agresiva política de expulsión del coche en nuestro Gijón del alma, estuviese de acuerdo con que se llevase el tráfico que genera este tipo de instalaciones a una parroquia rural. Sería un contrasentido del tamaño de la iglesia de San Pedro.

Y sin duda, tragará si no le queda más remedio. Es decir, si la consejería hace valer la legalidad de su licencia –lo cual no para de repetir nuestra alcaldesa, Ana González, para curarse en salud– y no deja margen a otras opciones.

De no ser así, o sea, si consigue que dé marcha atrás y se planteé otra ubicación, el marrón pasa directamente al Principado. Entre otras cosas, porque ese halo de misterio del que hablábamos no termina de aclararse: seguimos sin saber las condiciones fijadas, presuntamente, en un contrato de compraventa. Dicho de otra forma: desconocemos qué pasará con los 900.000 euros gastados en su adquisición, si al final no se utiliza para ese fin la antigua nave de la Cooperativa de Agricultores.

Dinero del contribuyente, a la postre, que igual podría terminar en la basura. Cifra que debería acabar en cinco, más que nada, para cuadrar la rima.