La corrupción política, uno de los grandes males de nuestro tiempo en España - y no solo en España, pero la nuestra es la que nos afecta de manera más directa - ha vuelto a los medios de comunicación con titulares de escándalo. Algunos ingenuos, de los ... pocos que ya quedan, creían que después de las olas de condenas de varios ministros y presidentes autonómicos -como los de Madrid, Baleares, Valencia y Andalucía-, los escarmientos habían tenido efecto y la corrupción había pasado al recuerdo, como el principal lastre de la democracia que tanto costó conseguir.
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Pues, no. Quizás lo que hizo la corrupción fue tomarse unas vacaciones silenciosas para, en vísperas ya de unas elecciones autonómicas y municipales -que es un tiempo muy apropiado para que los escándalos políticos florezcan,- volver con fuerza a la escena pública y, lo peor, institucional. Apenas habían pasado unas horas de que se conociese el regreso a la actualidad del caso Bárcenas y Colmenarejo, con una petición de la Justicia de quince años de prisión para el anterior ministro del Interior, del Gobierno que presidía Mariano Rajoy, y ya ha surgido otro para mantener la continuidad.
Apenas habían pasado unos días, digo, cuando irrumpió el bautizado 'Caso Mediador' (por cierto, habría que empezar ya a hacer un diccionario de la corrupción que recoja todos los casos con sus nombres para que ninguno caiga en el olvido). Estos días no se habla ni se escribe otra cosa. A primera vista se trata de un caso grave, tal vez no tanto por las cifras de euros que se manejan ilícitamente como por el entramado entre corruptos de diferente calaña que hace difícil aclararse. La fiscalía anticorrupción no lo tiene fácil, ya con varios detenidos.
Hasta donde sabemos, que todavía es muy confuso, mezcla a varios implicados y sospechosos, entre los que destaca nada menos que un general de la Guardia Civil retirado y ya detenido (este cuerpo de seguridad ciudadana no se anda con pamplinas y menos con los suyos), junto con varios diputados liderados por un canario apodado Tito Beni, destituido fulminantemente por su partido, el PSOE, y un esbirro llamado Antonio Navarro Tacoronte, con aspecto de garrulo pero hábil en el manejo de influencias y los medios para conseguirlas.
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Es el que inspira el nombre de la red de corrupción -'Mediador'-, tejida en Canarias, por cierto, una de las pocas comunidades que hasta ahora parecía ajena a la corrupción. Estamos ante un escándalo que calificaría de casposo más que de multimillonario, en el que se entremezclan comilonas financiadas por empresarios, drogas y putas. Entre tanto, no deja de ser tan esperpéntico como lamentable, y solo un ejemplo, el caso de un parlamentario que después de defender en la Cámara la prohibición de la prostitución, se fue a una casa de lenocinio a resarcirse del esfuerzo de sus argumentos.
En fin, anécdotas aparte, y detalles con nombres y apellidos de políticos y empresarios, que todavía no han sido identificados y también han contribuido al éxito financiero de la trama, estamos ante un escándalo que nadie duda influirá en las elecciones de mayo, especialmente en Canarias, donde el Gobierno socialista era de los pocos que parecía tener asegurada la reelección y ahora es el más amenazado. Estamos ante un escándalo que despierta la interrogante de lo que va a durar. La respuesta es simple: hasta que surja otro que lo eclipse. La corrupción política ha venido para quedarse.
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