Reflexiones de profano ante abusos eléctricos y bancarios

Ampararse en mejorar los requisitos y límites del Bono Social Eléctrico, destinado a aquellos consumidores vulnerables y en situación económica precaria (Real Decreto 897/2017 de 7 de octubre), es muy poca cosa si la causa que motiva la carestía es injusta, ilegal o antiequitativa. Los Gobiernos -el tema, aunque acentuado, no es nuevo- creen que con este descuento para ayudar a las familias a pagar sus facturas de luz lavan sus conciencias. Pero, repito, hay que ver cuál es la etiología de esta situación patológica. Porque no es lo mismo ayudar cuando se es ajeno a una calamidad que cuando se ha consentido ese abuso o no se han puesto, a tiempo, medidas limitadoras al desvarío.

Yo tengo mi opinión, repito que de profano, pero sí conozco bien el principio de proporcionalidad, la continuidad, la seguridad jurídica, el acceso universal a los servicios públicos y afirmo que, con toda la ingeniería jurídica, económica e ingenieril, esto es un atropello y la inacción una forma de tolerancia.

En ese caso, que creo que comparte media humanidad o más, en sentido coloquial es un robo. Y aminorar lo robado con bonos eléctricos, una forma de aceptarlo. Porque si esas facturas engordadas 'ad nauseam' son ilegítimas o están interesadamente hinchadas, tan robo es imponerlas a una persona sin recursos como a una potentada. La golfería es la misma, aunque nos duela más, lógicamente, quien no tiene para calentarse, para cocinar o para iluminar su casa. Por tanto, aclarémonos, sin camelos explicativos y actuemos en consecuencia y sin miedo. Sea a través de empresas públicas, sea a través de una regulación mucho más limitativa.

Justamente, en la Banca, rescatada a precio de oro, pero que no ha devuelto un céntimo, cuando ya cobra hasta por tener modestos depósitos, la complicidad política es total desde hace muchos años. ¿Qué linderos se han puesto a las retribuciones escandalosas? Ampararse en que es la oferta y la demanda y la libertad de empresa, choca también con la idea de un Estado social, reconocido por nuestra Constitución. Como da grima la ficha o el precio de traspaso de algunos futbolistas, en un país con problemas para financiar a los investigadores.

El Estado es responsable de los excesos bancarios desde el momento en que exige el cobro de nóminas y pensiones a través de entidades de crédito y, ahora, limita a mil euros las transacciones físicas en metálico. Alpiste del bueno para engordar a un sector insaciable que, con las fusiones, pondrá en la calle a miles de empleados -me temo que con la coartada aceptada de las prejubilaciones-, cerrará cientos de oficinas y convertirá el trato presencial en pieza de museo. ¿Qué debemos a ese mundo insaciable? Si en la Transición los bancos ayudaron a los partidos democráticos, que por entonces estaban tiesos, ¿seguimos pagando ese favor? Es decir, los ciudadanos, no las organizaciones políticas que se beneficiaron.