Rebajas fiscales que anticipan recortes sociales

No es casual que las mencionadas rebajas hayan vuelto acompañadas, después de la pandemia, de recortes de personal y de privatizaciones en los servicios públicos, así como de las primeras protestas frente a los problemas de atención en las residencias de tercera edad y en la sanidad y, más recientemente, en la atención primaria y de urgencias extrahospitalarias en comunidades como Madrid.

Todo comenzó hace varias legislaturas, a partir de la utilización de la capacidad de establecer bonificaciones y exenciones a los impuestos cedidos, como sucesiones y donaciones, hasta que han logrado convertirlo en un impuesto vacío en las CC AA gobernadas por la derecha, arrastrando también a otros gobiernos a la dinámica de rebajas. El argumento ha sido el rechazo al carácter supuestamente expropiatorio de la doble tributación. Algo que no solo no responde a la verdad, ya que el impuesto no se aplica al fallecido o al donante, sino que radica en el incremento de renta del receptor.

Es cierto que la capacidad recaudatoria del impuesto ya era limitada antes de su práctica desaparición en estas CC AA, pero se obvia su importancia histórica y pedagógica para reducir el papel de la herencia en la transmisión de la riqueza y, con ello, en la perpetuación de la desigualdad. Algo que debería valorarse especialmente por quienes defienden la sociedad del mérito y el esfuerzo, cuando por el contrario sigue siendo la herencia la que determina el éxito y la riqueza, negando con ello en la práctica el famoso ascensor social.

Más adelante, la derecha si bien ha mantenido la figura del impuesto estatal al patrimonio cuando ha tenido la responsabilidad en el Gobierno del Estado, a diferencia de la paradójica decisión del Gobierno Zapatero de suprimirlo, al grito de que bajar impuestos también es de izquierdas, sin embargo ahora lo pretenden vaciar de contenido desde las administraciones autonómicas que gobierna, en base a la práctica exención total mismo. Un impuesto que ya de por sí tiene un mínimo exento bastante alto, por encima de los 700.000 euros, lo que lo convierte en exclusivamente de ricos.

El argumento de que la supresión de ambos impuestos sobre el patrimonio de los más ricos contribuirá a la fijación de su residencia en una determinada comunidad autónoma y, con ello, al aumento de la inversión y de la riqueza, significa algo parecido al cuento de la lechera, que se deja llevar por una promesa y abandona la certeza de unos recursos absolutamente necesarios.

Ahora, a partir de la escalada de precios y su impacto en las clases medias, a consecuencia de la salida de la pandemia y, sobre todo, de la guerra de Ucrania, le ha tocado también la que parece imparable cadena de rebajas al tramo autonómico del IRPF, mediante recortes en el mínimo exento, en sus respectivos tramos, o bien a través de la llamada deflactación de la tarifa, en este caso con el argumento de que mantenerla significa una subida silenciosa de impuestos o en frío. Ocultan con ello el carácter injusto de denominar clase media a un conjunto de rentas tan diferentes, con el objetivo de tapar que sus rebajas benefician más a quien más tiene y, por tanto, el carácter regresivo de estas medidas.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estas rebajas provocarán una pérdida de recaudación de más de seiscientos millones de euros el próximo año y superiores a los dos mil en los años sucesivos, un volumen importante, la gran mayoría con cargo al IRPF y en menor medida al impuesto del patrimonio y al de sucesiones. La mayor parte de estas rebajas impositivas se producen en la Comunidad de Madrid a la que le siguen las de Andalucía y Galicia, y en menor medida Castilla y León y la región de Murcia.

En definitiva, este conjunto de rebajas no significan un incremento de la recaudación futura, como ha puesto en claro la evidencia más reciente de las últimas rebajas del ministro Montoro, y como también han demostrado diversos estudios de los principales organismos nacionales e internacionales, sino, por el contrario, una rebaja a corto plazo que provoca la desconfianza de los actores económicos en que se pueda hacer frente a los compromisos de gasto, como ha ocurrido en Gran Bretaña, y que luego se consolida y se amplía en los presupuestos sucesivos. Por otra parte, estas rebajas no solo suponen una merma en la recaudación que se agravará año a año para financiar las competencias educativas, sociales y sanitarias de las CC AA, sujetas a una demanda siempre creciente, precisamente en detrimento del escudo protector que supone el estado del bienestar para las rentas bajas y medias, que son las más afectadas por la escalada de los precios y las que en consecuencia más necesitan de una mayor fortaleza de los servicios públicos y de las prestaciones sociales.

Esa es la razón para que organismos internacionales tan poco sospechosos de izquierdismo como el FMI y la OCDE, hayan expresado su rechazo a las rebajas generalizadas de impuestos y que, por el contrario, hayan recomendado el mantenimiento de la presión fiscal y medidas impositivas adicionales sobre los superbeneficios de los sectores que están siendo más favorecidos por la inflación, como las empresas del sector energético, de carburantes y las entidades financieras, al tiempo que concentrar los apoyos y subvenciones de forma selectiva en los colectivos más vulnerables.

Y aunque se utilice como señuelo para electores incautos en precampaña electoral, lo que ahora se deje de ingresar como consecuencia de estas rebajas generalizadas de impuestos no se podrá compensar con la reclamación al Gobierno central de más financiación dentro de una futura reforma, por muy favorable que esta pudiera ser. Porque es difícil prever una mayor financiación de la que el Gobierno ha transferido estos últimos años a las CC AA, primero con los fondos covid al objeto de hacer frente a la pandemia en la sanidad pública y ahora gracias a los fondos de recuperación de la Unión Europea y de las últimas medidas para proteger a los sectores y colectivos más vulnerables frente a la inflación.