La protección del menor

Una vez comunicada por la Policía Nacional la detención de los integrantes de la red delictiva y la gravedad de sus presuntas actividades, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, convocó una rueda de prensa para informar que la consejería colaboró «muy estrechamente» con la Policía y anunció que el Principado se personará como acusación particular cuando llegue el momento procesal oportuno. Sobre lo sucedido, la consejera afirmó que el sistema de tutela funcionó correctamente, llegando a decir que no hubo fallos. También manifestó que «estas agresiones sexuales no tienen relación con las fugas». Es difícil no dejar un resquicio para la duda sobre las actuaciones realizadas por la Administración cuando se está en presencia de un caso tan doloroso, con menores residenciadas en dos centros del Principado. Quizás la consejera haga alusión al cumplimiento de los procedimientos, pero si estos son compatibles con lo sucedido, no hay duda de que es preciso elevar el nivel de exigencia para proteger mejor a los menores. Por otro lado, disociar las fugas de los menores de la caída en las garras de redes de prostitución es muy arriesgado. Precisamente, el llamado régimen abierto, del que disfrutan los menores desde los doce o trece años, en los centros de todas las regiones, es difícil de gestionar con éxito, siendo uno de los principales motivos de que el sistema de custodia y tutela esté cuestionado. Adquieren más importancia cualitativa las fugas al ser España uno de los países europeos con más niños y adolescentes residiendo en centros de acogida. En un estudio realizado por Unicef, con 300 encuestas a responsables de centros, educadores y menores, dio como resultado que, de las nueve comunidades autónomas chequeadas, en siete habían registrado posibles casos de explotación sexual de adolescentes tutelados, con indicios de haber sido captados por redes de trata de seres humanos. Todo esto sucede en una época en que los menores tutelados son adolescentes de manera mayoritaria.

El Principado parece decidido a cambiar el modelo de acogida, con la contratación de más educadores y la reforma arquitectónica de los centros, junto con la mejora de los protocolos, como el que le vincula con la Policía Nacional para coordinarse en los casos de fugas. La revisión de la política hacia los menores, en un sentido amplio, debe incluir la apuesta decidida por el acogimiento familiar, como ocurre en los países nórdicos, porque los niños deben crecer en familia, siendo la intervención de las instituciones el último recurso. Hay que desarrollar una política sólida que pueda acabar con el sinsentido de ser el segundo país que más adopta lejos de sus fronteras, mientras mantiene una tasa alta de menores institucionalizados. El debate en Asturias está abierto.