De profetas y agoreros en un año electoral

Respecto a esta última causa, la guerra en Ucrania, al cabo de casi un año de conflicto se prolonga ahora como una lucha de destrucción y desgaste, todavía no se vislumbra la entrada en su fase decisiva, favorable para la apertura de la negociación.

Otro factor es el final traumático del dogma de la estrategia del cero covid en China, como consecuencia de la alta trasmisibilidad de la variante Ómicron, del hartazgo social de las medidas de confinamiento y control masivo y, sobre todo, la reducción del crecimiento en el propio país. Por lo pronto, la apertura está teniendo graves consecuencias en términos de salud por la ola pandémica generada. Y también según el FMI, con la posibilidad de sumarse a los efectos económicos contractivos de la guerra, tanto en Europa y América como en el resto del mundo.

En este sentido, las nuevas medidas del Gobierno frente a la inflación se producen en un contexto de reducción del crecimiento en España, pero, también según el FMI, sorteando el peligro de la recesión y con la prolongación de la clara moderación de los precios a lo largo de los próximos meses. Todo ello como resultado de sucesivos paquetes de medidas que se han mostrado efectivas, como en particular el tope al precio del gas, la rebaja del precio de los carburantes y el abaratamiento del transporte público, entre otras.

Por otra parte la evolución de los datos de creación de empleo, de afiliación a la seguridad social y de mejora en la calidad del empleo están demostrando la solidez de la economía española en un contexto de gran incertidumbre.

Sin embargo, llama la atención la contradicción que supone el final del descuento general sobre carburantes, debido a su carácter lineal e indiscriminado, y su sustitución por una nueva rebaja fiscal de carácter lineal, en este caso del IVA, en los precios de los alimentos básicos, cuando la mayoría de éstos ya tenían tan solo un gravamen superreducido y algunos otros reducido. Los primeros datos y reacciones apuntan a una repercusión mínima sobre los precios. Una rebaja que los propios organismos internacionales no comparten, y han propuesto su sustitución por medidas específicas de apoyo en el sentido del cheque aprobado para las rentas más bajas y los sectores más vulnerables.

Las previsiones de Núñez Feijóo, en su papel de agorero como líder de la oposición de las derechas para España en este año 2023, hablan de nuevo de recesión económica, malestar social y crisis institucional. Continúa abundando con ello en los tintes negros del catastrofismo, hasta el momento en el que en las próximas elecciones un cambio de gobierno, por supuesto conservador, sea la solución definitiva. Largo me lo fiáis. Mientras tanto, niega la evolución favorable de los datos de empleo, agita el mantra de la rebaja de impuestos y acusa al Gobierno progresista de expropiar a los ciudadanos.

El problema es que las experiencias de las alianzas de la derecha con la ultraderecha en las comunidades autónomas no han transmitido precisamente mucha confianza en ese modelo de gobernanza. No solo por la inestabilidad política como causa de los adelantos electorales en Madrid y Castilla y León, sino más recientemente con el desacuerdo para la aprobación de los presupuestos en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, con la consiguiente pérdida de ingresos europeos. Todo ello no ha supuesto ni constituye hoy, precisamente, un buen señuelo para la atraccion del voto moderado hacia el PP en las próximas citas electorales. Sobre todo en un momento en que las encuestas reflejan el debilitamiento del denominado efecto Feijóo, como consecuencia de estar atrapado en una pinza entre la propaganda de su imagen de moderación, y la estrategia de deslegitimación del Gobierno al rebufo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la ultraderecha.

Por otra parte, el reciente desbloqueo parcial del Tribunal Constitucional, despues de una aplazada y accidentada renovación, supone en definitiva el mantenimiento de los contenidos fundamentales de las reformas, tanto sociales como de derechos civiles, de la actual legislatura del Gobierno progresista, que han sido rechazadas sistemáticamente y luego recurridas por parte de la derecha ante el alto tribunal como un último recurso. Además, la renovación del CGPJ, que lleva ya bloqueada más de cuatro años, lo cierto es que corre en contra de la imagen del PP como partido de Estado. Buena muestra de ello es la proposición de ley presentada a modo de 'excusatio non petita' para la elección corporativa del órgano de gobierno de los jueces.

En el otro platillo de la balanza, se mantiene el riesgo para los dos partidos del Gobierno de coalición de los efectos adversos en los próximos meses de las reformas penales de la sedición y la malversación, tanto en el ámbito territorial, al albur de las iniciativas del independentismo, como también en los casos de lucha contra la corrupción.

Las próximas elecciones autonómicas y municipales serán la prueba de fuego para la valoración ciudadana de la gestión de los gobiernos progresistas y no un plebiscito sobre el presidente del Gobierno y el Gobierno de coalición como pretenden las derechas. Eso será siete meses después.

Por último, la lacra que no cesa es el rastro mortal de la violencia de genero y su reciente instrumentalización con la reducción de penas de la 'ley del solo sí es sí', precisamente por parte de la ultraderecha, que no solo niega la violencia machista, sino también la necesidad de medidas específicas de prevención frente al machismo y de protección a las víctimas.