Es el populismo punitivo, amigos

Ya durante la época reciente a la conocida pena de telediario para los personajes públicos se le ha añadido un rosario de reformas de código penal en caliente, desencadenadas automáticamente con el impacto en la opinión pública de algunos crímenes execrables y de su tratamiento mediático morboso. Poco importa que éstos graves crímenes sean absolutamente minoritarios en nuestro país y también en comparación con nuestros vecinos. Para buena parte de la población su repetición en los medios de comunicación de masas y en las redes sociales los convierte en poco menos que mayoritarios y acrecienta su sentimiento de inseguridad. Todo, a pesar de que en España las penas están entre las más duras y que su cumplimiento efectivo es la norma, muy por encima de los países democraticos de nuestro entorno. Así, cada nueva reforma penal ha supuesto algún nuevo tipo delictivo, algún agravante y sobre todo una pena aún más desproporcionada.

Sin embargo, el objetivo último de la rehabilitación y la reinserción, que proclama solemnemente la Constitución, ha quedado relegado y unos pocos y tímidos intentos, como han sido las Unidades Terapéuticas y Educativas en la cárcel de Oviedo, que finalmente han sido olvidados, cuando no reprimidos y excluidos en favor de un tipo de tratamiento represivo y meramente carcelario. Todo ello, a pesar de las evidencias y de los datos oficiales que demuestran un alto nivel de reinserción de los condenados por estos delitos graves, entre los que se incluyen los atentados a la libertad sexual, sobre todo si han tenido tratamiento rehabilitador, lo que niega de plano el tópico populista de poco menos que la fatalidad de la reincidencia.

En esas condiciones y con esos condicionantes tiene que desarrollar el gobierno de coalición su política. Se trataba pues de tenerlos en cuenta y de removerlos en su caso para que lo que prevalezca sea la protección de las víctimas pero también la rehabilitación del delincuente y en definitiva la sensación de seguridad sobre el miedo.

En este sentido, el caso de violación por parte de la manada no solo supuso un shock para el conjunto del movimiento feminista y para la opinión publica, tanto por la revictimización judicial de la agredida, como por la calificación de abuso y la inicialmente escasa dimensión de la pena para los agresores, aunque finalmente fuera corregida por una instancia superior, sino que también supuso el desencadenante de la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí y de la concepción del consentimiento por parte del gobierno y del ministerio de igualdad, con una parte fundamental relacionada con un elenco de medidas de prevención, protección y rehabilitación destinadas a las victimas de las agresiones y por otra encaminada a reducir la discrecionalidad de la justicia en aplicación de las penas mediante la fusión de los tipos delictivos del abuso y la agresión sexual, eso sí dentro de los principios ineludibles de la presunción de inocencia y la valoración de la prueba por parte de los jueces.

El origen del problema ha sido por tanto el clima populista que han convertido el conjunto de la reforma en un caso más de endurecimiento de las penas como parte del mencionado populismo punitivo, una reforma penal más elaborada en caliente, relegando con ello a un segundo plano el objetivo inicial de la prevención y de las medidas de protección de las víctimas, más propias de la filosofía de la izquierda y de la voluntad del Ministerio de Igualdad.

Por eso, la aplicación de la parte penal de la ley bajo el principio ineludible del mayor beneficio del reo, ha supuesto que a pesar de las distintas interpretaciones por parte de los jueces se haya desencadenado el inevitable rosario de rebajas de revision a la baja de centenares de penas unidas a decenas de excarcelaciones, refutando con ello las contundentes afirmaciones iniciales del ministerio en sentido contrario.

A continuación, la respuesta defensiva del ministerio al negar que la ley fuera a suponer rebaja alguna de las penas, cuando las reformas anteriores mostraban lo contrario y la posterior acusación por parte del ministerio de igualdad de parcialidad y de machismo a los jueces no solo ha sido una generalización injusta, sino que además ha servido para amplificar el efecto de las revisiones y excarcelaciones en cadena, y para convertirlas a continuación en la materia oscura de la confrontación mediática y política, entrando a incorporarse a la estrategia de la oposición conservadora desde la atalaya del populismo punitivo que ha formado y forma parte de su identidad política.

El último capítulo de la serie es ahora la reacción a la desesperada del PSOE que pretende desactivar el efecto mediático demoledor del gota a gota de la rebaja de penas en un contexto punitivista, sumándose a él mediante una reforma unilateral de elevación de las penas con la esperanza de neutralizarlo en los futuros juicios con la nueva norma, pero a sabiendas de que el goteo de revisiones continuará durante semanas o incluso meses.

Una marcha atrás que asume el marco mental del adversario, pero además una cura homeopática que no arregla el problema ya que le seguirá golpeando día a día al gobierno y a sus partidos en un año electoral.

Al final, al torbellino populista se le ha añadido la tormenta de la división en el seno del gobierno, que no solo no ha sido capaz de pactar una reforma que mantenga lo esencial de la ley del sí es sí y al tiempo contribuya a paliar los daños, sino que ni siquiera ha logrado acordar una gestión pacifica del desacuerdo, de manera que la confrontación populista sobre el principio del consentimiento pone en peligro la imagen de estabilidad del gobierno tan trabajosamente construida durante buena parte de la legislatura, así como de trasmitirla a la mayoría parlamentaria y al movimiento feminista. Y es que en un tiempo de catástrofes como el actual hay que tener mucho cuidado para que no se produzca en cascada un efecto de contagio y para que como consecuencia no ganen la inseguridad y el miedo.

Urgen fuerzas de paz tanto dentro como fuera del gobierno.