Una política industrial para Asturies

La Comunidad entera caminaba, hace 30 años, con la Marcha de Hierro. La semana pasada se cumplió el aniversario, el 26 de octubre, de la entrada en Madrid de la misma. Tras 18 días y casi 500 kilómetros de caminata bajo el sol, la lluvia y el frío, 250 trabajadores de la siderurgia llegaban a la capital para exigir al Gobierno de Felipe González un futuro. Partieron desde el céntrico Paseo de los Álamos de Uviéu hasta la sede del Ministerio de Industria. Su objetivos eran defender sus puestos de trabajo y salvar la siderurgia para que siguiera siendo de mayoría de capital público.

Solo lograron el primero. Pero antes, en marzo de ese mismo año, en la Catedral de Oviedo, se vivió otro capítulo de la lucha obrera. Duro Felguera presentaba un expediente de extinción de contratos para una parte considerable de la plantilla de sus talleres en Barros. El comité de empresa, ante la situación límite, planteó un encierro en lo alto de la torre de la Catedral. Se fueron deshaciendo y rehaciendo expedientes a lo largo de los siguientes años, hasta que a finales de 1996 varios trabajadores se encierran de nuevo en la torre, a 62 metros de altura, durante 318 días, para salvar sus trabajos.

La Marcha de Hierro la motivó el llamado Plan de Competitividad del Gobierno de Felipe González, que planteaba la supresión de más de 6.000 empleos. Avilés ya había perdido 9.000 puestos de trabajo en décadas anteriores. El encierro de casi un año de los trabajadores de Duro Felguera en la Catedral fue la respuesta para defender, con una unidad y solidaridad que merece ser reseñada, los puestos de 183 trabajadores del taller de Barros y 49 de Felguera Melt.

Tres décadas después, la situación laboral en Asturies sigue siendo desgarradora. Hace quince días, la dirección de ArcelorMittal propuso, en su última reunión con los sindicatos, reducir en 113 puestos de trabajo la división de largos de la factoría de Xixón. Si bien, a medio plazo, el anunciado plan descarbonizador de Arcelor conllevará el despido de entre 900 y 1.000 trabajadores en Asturies. Este plan necesita de una inversión de 1.000 millones de euros, el 50% provendrá de financiación pública. Y si bien hace poco más de un año que Duro Felguera recibió la inyección de 120 millones de euros en créditos ordinarios y participativos, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y seis millones del Gobierno del Principado para su viabilidad, ahora se plantean el despido de 208 trabajadores.

El pacto por la Alianza por la Industria, suscrito esta legislatura por todos los grupos parlamentarios de la Xunta, excepto por Podemos Asturies, no tenía buen futuro. Ayudas públicas a cambio de nada. Seguir el modelo de la crisis financiera de 2008 se demostró que no era el camino. Los estados no pueden seguir siendo cómplices de socializar las pérdidas sin participar, ni antes ni después, en los beneficios de las empresas privadas que se rescatan. Tampoco los gobiernos deben soportar los costes medioambientales, con recursos públicos, de las multinacionales que no aplican las medidas necesarias, mientras privatizan los importantes beneficios que logran y se les permite generar trabajos precarios en forma de ERTEs y EREs, o incluso los cierres alegando falta de competitividad.

Asturies necesita urgentemente un modelo productivo que genere puestos de trabajo dignos y que sea medioambientalmente sostenible. Asturies no se merece quedar estancada en una reconversión fallida y que la tan cacareada 'transición justa' se quede en meras palabras. Es prioritario desarrollar un modelo industrial al servicio de la clase trabajadora, y no una clase trabajadora al servicio de los grandes intereses de empresas sin ningún tipo de arraigo social. Este ha de ser uno de los objetivos fundamentales de la política asturiana. Y no queda tiempo que perder.