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Lo de la nueva ITV en la parroquia gijonesa de Granda entra en su fase más tierna. Es decir, aquella donde las partes intervinientes (Ayuntamiento y Consejería de Industria) apelan a los sentimientos de cara a justificarse. Comenzó la edil de Urbanismo, Dolores Patón, quien ... hizo una comparecencia resumida en un sonoro «¡Qué queréis que haga yo!». Vino prácticamente a pedir perdón puesto que, desde el punto de vista legal, la concesión de la licencia resulta inapelable. Es más, como último recurso alega una presunta contaminación del suelo y, por ello, remite el expediente a la Dirección General de Medioambiente y Cambio Climático. Esto es, va a ser el propio Principado quien decida la validez de un terreno comprado de forma extraña en una zona rural, cuando el resto de este tipo de instalaciones se encuentran en polígonos industriales o sus entornos. Adivinen qué va a pasar. Por si fuera poco, manda un recado al consejero de Industria, Enrique Fernández, para que se reúna con los vecinos afectados. Poco menos, le acusa de no escuchar y hacer la política del trágala. Desde luego, mayor desvinculación de nuestro Ayuntamiento con esta operación no cabe. Primero, desmienten al propio consejero cuando los quiso involucrar en la decisión tomada y luego, le ofrecen la permuta por una parcela municipal en LLoreda, aunque no sepamos muy bien qué íbamos a hacer los gijoneses con la nave de Granda.

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