El Gobierno ha electrocutado la esperanza de Asturias con un estatuto que obliga a sus industrias a trabajar con una energía el doble de cara que la de sus competidores europeos. Por más cataplasmas de justificaciones y promesas que el Ministerio de Industria quiera aplicar ... en la herida, la realidad es que la norma esencial para regular el principal coste de la siderurgia asturiana ha sido un café para todos que ha contentado a vascos y catalanes, pero que en el Principado ha tenido el sabor amargo de sentirse ninguneado. El 28 de febrero de 2019, la ministra Reyes Maroto visitó Oviedo, anunció una solución de futuro para Alcoa, señaló la urgencia de contar con un estatuto eléctrico «de garantías» y prometió mantener Asturias como «un eje importante de la industria española». La empresa aluminera, revendida en un año por el comprador bendecido por el ministerio, está ahora en manos de una sociedad que el Gobierno asturiano considera «sospechosa». Para lo urgente, el departamento de Maroto se ha tomado casi dos años. Y la importancia de la región ni siquiera alcanzó para ofrecer al Gobierno regional una salida airosa. Mientras prometía un horizonte luminoso, la ministra socialista ha completado la tramitación del estatuto que regula el precio de la energía para los grandes consumidores industriales sin cambiar apenas una línea de su texto inicial pese a las alegaciones de un gobierno de su mismo partido.

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En el tránsito hacia lo que se veía venir, la Administración asturiana, renovada por las urnas, ha pasado del fatalismo a la admonición con más lealtad de la que los hechos merecían, pero con idéntico resultado: ninguno. Aunque sigue muy lejos de cumplir lo prometido, en el ministerio parece incluso molestar que Asturias exprese sus quejas. En Madrid, la angustia asturiana no deja de verse como la quejosa contumacia del ignorante, de quien se aferra al pasado contra la marea, la pataleta de una industria avejentada que se niega a afrontar los cambios. Desde el telescopio ministerial, nuestra región no supera la categoría de fastidiosa peculiaridad. Y al Principado solo le deja dos caminos: asumir con resignación el juego de las excusas o la coherencia de defender el interés de Asturias.

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