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En esta semana, en las que ha habido noticias esperanzadoras -aunque aún sean propuestas- sobre el llamado consorcio del hidrógeno y las energías verdes, o sobre la reindustrialización de la región, en palabras de una ministra, nos damos cuenta de la importancia de sugerir, proponer, ... indagar, investigar, proyectar y emprender. Pero como tarea de todos. No de la iniciativa pública, sino también de los privados, ya sean empresas o investigadores.
Por eso, todo cuanto se confíe a la participación, no testimonial o simbólica, de la sociedad civil es fundamental. Luego, los poderes públicos, reguladores o autorizatorios, ya tomarán decisiones que deben estar motivadas, borrando la leyenda negra burocrática de que las propuestas ciudadanas se van al cajón o a la papelera física o virtual.
Lo dicho vale también para nuestra Universidad donde, según leo, ha habido casi tres centenares de aportaciones, sugerencias o críticas a los planes, ciertamente ambiciosos y revolucionarios, del equipo rectoral. Lo que se haga con esas alegaciones, indicará la calidad democrática de nuestros órganos de gobierno universitarios. Igual que a una proposición o plan ambicioso y legítimo, se alega por la comunidad académica, supongo que igualmente de forma motivada, el estudio de esas enmiendas o contrapropuestas requiere de un mimo especial, tanto por razones jurídicas como por la propia paz social en los campus que, ciertamente, no son intocables y la eficiencia, racionalidad y no duplicación de recursos han de estar presentes en su configuración o remodelación. De momento, afortunadamente, las elecciones universitarias no son partitocráticas, pero a sus gestores puede serles de aplicación lo que señalo a continuación.
Nuestra Constitución de 1978 es el texto, entre los comparados de Estados de la UE, que más veces se refiere a la participación y usa este término o el infinitivo 'participar'. Por poner unos ejemplos: el artículo 6, señala que «Los partidos políticos (...) son instrumento fundamental para la participación política». Precepto que guarda directa relación con el derecho fundamental del artículo 23.1: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos...». Vemos, pues, una participación directa y otra, a través de los contendientes electorales. Por medio, el artículo 9.2 señala que «corresponde a los poderes públicos (...) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Y hay muchos más preceptos participativos de la ciudadanía: en la educación y la creación de centros docentes; o la participación juvenil en el desarrollo político, social, económico y cultural. O en la Administración de Justicia y hasta en la Seguridad Social, aunque esto último admitiría muchas dudas y censuras.
Hasta el presente, los partidos, con informaciones siempre limitadas y normalmente muy próximas a sus propios afiliados o afines, elaboran programas que, globalmente, son aceptados por la ciudadanía, sin demasiada lectura y, muchas veces, por ser el mal menor. Y quizá sea necesaria una inversión: que la aportación directa de la ciudadanía, sea la columna del sistema, como ya se dice ocurrir en aspectos como los llamados 'presupuestos participativos' o la redacción de normas. Dicho de otro modo, nuestra Constitución, como otras, implica a los partidos políticos en la participación en los asuntos públicos, pero no en monopolio, ya que no limita la ciudadana a votar representantes. Debería procurarse lo contrario: que desde unos principios ideológicos respetables y necesarios, los partidos redactaran sus propuestas y llevaran a cabo sus políticas desde el conocimiento, las preocupaciones y hasta las soluciones aportadas por la ciudadanía. Sin miedo a tomar decisiones, porque les compete gobernar, pero a partir de las inquietudes razonadas de las personas y grupos afectados. Ciertamente, las nuevas tecnologías facilitan enormemente ese hacer llegar a los centros decisorios o a los órganos de gobierno de los partidos, las carencias y preocupaciones de ciudadanos y colectivos. De ahí la importancia de la lucha contra la 'brecha digital', que no es un tema sólo de personas mayores. Es más: creo que si desde cualquier lugar, por alejado que esté de sedes político-administrativas, se pueden transmitir con fluidez los problemas cotidianos y esa participación surte efecto, quizá se frene más la despoblación rural que con algunas medidas más sofisticadas. Tecnología más participación, en suma.
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