Oficialidad y Parque Jurásico

1. ¿Qué es y qué implica la cooficialidad? Según el Constitucional, «es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos... lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de otras instituciones... independientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o local...». Así leído, la oficialidad tanto del asturiano como del gallego-asturiano tendría efectos en, al menos, todas las administraciones sitas en territorio asturiano, que deberían atender en cualquiera de las tres lenguas oficiales.

2. ¿Qué es lo que se quiere oficializar? Parte de la ciudadanía tiene claro que sería el asturiano estandarizado. Pero otra parece entender que lo que se oficializará es el 'amestao' que en mayor o menor medida se habla en Asturias. Hay confusión sobre ello, más aún cuando desde los partidiarios de la oficialidad intenta asimilarse parte del 'amestao' al estándar. De ahí que muchos asturianos crean que lo que lo que se oficializará es lo que ellos hablan y no otra cosa.

Asistimos, por tanto, a una propuesta que obligaría a buena parte de los trabajadores del sector público -desde personal de atención al público a personal sanitario o profesorado- a atender a quien así lo requiera en una lengua que, en su mayoría, desconocen y que, además, es de uso residual. Situación que se complicaría aún más en el caso del gallego-asturiano, de uso mayoritario en su ámbito natural, de tener que oficializarse fuera de él.

Y es que, en realidad, el uso de los bables -Asturias era mucho más diversa de lo que ahora entendemos, tanto lingüística como culturalmente- comenzó a declinar velozmente (al contrario que el gallego-asturiano) con la industrialización de la segunda mitad del XIX: la alfabetización y la inmigración propiciaron el uso del castellano, como señala ya en 1903 el marqués de la Vega de Anzo. Otros testimonios aseguran que en 1925 es ya una lengua que «hay que buscar» en mercados rurales. Todo apunta a que los bables dejaron de utilizarse hace ya más de un siglo, quedando un castellano trufado con palabras propias. En contraste, el asturiano estándar, y al contrario que el vascuence, el catalán o el gallego, lejos de 'castellanizarse' para hacerse más comprensible, adopta vocabulario y sintaxis que poco tienen que ver con el uso mayoritario actual. Probablemente porque, de seguir el procedimiento 'castellanizador', el asturiano hubiera quedado reducido a la nada.

Quizá de ahí los resultados que ofrece la Encuesta Sociolingüística de 2017, los más favorables a la oficialidad: del 14% de entrevistados que estudió asturiano, no llegan a la cuarta parte los que aprecian cercanía o similitud entre lo estudiado y lo que se habla en la calle. Sólo el 27% de los asturianos se muestra abiertamente favorable al uso del asturiano estándar, frente a más de un 60% que recela de él, reclamando que, de oficializarse, se haga «sin artificialidad» y «respetando las variantes locales». Quizá por ello, sólo un 40% de los entrevistados, y en proporción declinante, se muestra «totalmente de acuerdo» con la oficialidad. Y quizá explique también el descenso en la proporción de alumnado que lo estudia en la enseñanza obligatoria. Todo apuntaría, por tanto, al recelo proviene de la percepción del asturiano normalizado como una lengua impostada y del temor de buena parte de la población a tener que aprenderla y utilizarla. Y más si se atribuyen a la oficialidad motivaciones político-culturales, muy alejadas de la función comunicativa y socializadora de las lenguas.

Para contrarrestar este recelo, se nos dice que la oficialidad «será amable». Pero ¿en qué consiste la amabilidad? ¿En no cumplir la oficialidad? ¿En establecer un periodo transitorio para obligar a los trabajadores públicos a expresarse en las lenguas oficiales? Porque, ¿alguien se cree que la 'oficialidá' va a quedarse en la voluntariedad de recibir clases en asturiano o en crear la figura del funcionario que atiende y responde en asturiano o fala, pero manteniendo la tramitación en español?

Habrá que contar con la peculiar idiosincrasia de la mayoría del activismo pro oficialidad. Primero, porque a buen seguro recurriría legalmente, y con razón, tanta amabilidad que ni siquiera contempla la oficialidad en la educación o las administraciones. Segundo, porque se está falseando el debate, argumentando que se trata de democracia y derechos, mientras se precipita esa oficialidad: 1) Requiriendo el voto de Foro, que en 2019 concurrió a las elecciones mostrándose contrario a la oficialidad, apostando por desarrollar la Ley de Uso y Promoción para constituir la mayoría cualificada necesaria para la oficialidad. 2) Acelerando la tramitación de la reforma para que la actual mayoría parlamentaria en el Congreso, no tan segura tras unas próximas elecciones, asegure su aprobación. 3) obviando un posible referéndum. Todo ello implica que, aun cumpliéndose la legalidad, la reforma carecería de la plena legitimidad democrática que proporcionan acuerdos transversales, respaldados por la ciudadanía; creando una fractura social que ahora, desde luego, no existe.

Por último, suele recurrirse al argumento, tan de moda, de los derechos, en este caso lingüísticos, para acallar cualquier argumentación contraria. Pero quizá se usan torticeramente: son derechos concebidos, en el caso de la ONU, para proteger a minorías étnicas o pueblos sometidos a aculturaciones forzosas como consecuencia de invasiones o imperialismos y, esencialmente, en el caso de la UE, para compaginar la diversidad con la inclusión en la babel continental. No es el caso, evidentemente, de Asturias, donde jamás hubo problema alguno en la relación de las administraciones con sus administrados, donde la convivencia de diferentes grados de 'amestación' lingüística se vive con naturalidad, y donde hay una Ley de Uso y Promoción. Y al contrario, ¿asistiría algún derecho a los trabajadores públicos que, a medio plazo, deberán someterse a inmersión lingüística en un artefacto tan elitista (¿de señoritos?) como, aseguran los prooficialidad, lo fue el castellano en su momento?

Estamos, en fin, ante una iniciativa que recuerda a aquella novela-película de Michael Crichton 'Parque Jurásico': el sueño de resucitar lenguas extinguidas convertido en pesadilla que se vuelve contra el propio asturiano, contra la clase política y, peor aún, contra una Asturias aquejada de tantos males y riesgos de brechas sociales asociados a ellos, donde parece que lo menos sensato es añadir un problema que, además, podría cebar una fractura social adicional capaz de lastrarnos por décadas.