Obispos

El peso del presidente de la Conferencia, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, protegido del Papa Francisco, acabó por inclinar la balanza del lado más conveniente para la Moncloa. Este gesto de intensa influencia sociopolítica, junto al respaldo expresado por los empresarios, han logrado que el mayoritario clima de rechazo de la opinión pública a los indultos ha ido girando en los últimos días. De no superar el 30% del respaldo en la calle, los indultos, según las encuestas, ya convencen a la mitad de la población. La influencia del gobierno socialista y el peso de la iglesia de Cataluña han sido decisivos para situar a la cúpula eclesiástica en el lado de la Moncloa. La iglesia española no atraviesa sus mejores momentos de pujanza social e implantación religiosa y doctrinal, lo que se traduce en una falta de autoridad y autonomía frente al poder político. Cuestionados sus principios morales y religiosos en la producción legislativa del gobierno de coalición en temas tan sensibles como la educación concertada, la eutanasia, el aborto, la ley 'trans', la iglesia española se ha visto arrastrada a una posición defensiva. La consigna, según las lenguas viperinas, es «no molestar al gobierno».

Es notable y contradictorio que la Conferencia de los obispos se haya desmarcado en este particular de la línea editorial de sus propios medios, en especial de la cadena COPE muy crítica con los indultos. Pero la brújula de la Iglesia española que cada año pierde 280.000 creyentes, envejecimiento de sus miembros, revisión por el gobierno de sus ingresos fiscales (IBI, inmatriculaciones de espacios no de culto), registra movimientos poco coherentes. Mientras en Cataluña buena parte del clero se apunta al independentismo, en el País Vasco se alinea contra el PP y en muchos lugares de España coquetea con el populismo de izquierda. Su presencia en la sociedad es cada vez más parecida a la tarea de una ONG que a la defensa de sus principios morales y religiosos.