El consejero de Industria ha pagado en la Junta la calamitosa venta de Alcoa, que ha terminado en un desmantelamiento. Todos los partidos, con la lógica excepción del PSOE, unieron sus votos para una reprobación que también pretendía dar una patada desde lejos a la ... ministra de Industria, aunque no pareció sentirla porque no dijo ni mu. Enrique Fernández se defendió alegando que sus competencias son limitadas, lo cual es cierto. Y que poco más se puede hacer desde la Administración regional que opinar, lo que tiene unos cuantos matices. Desde el primer momento, el Gobierno asturiano intuyó que la venta de Alcoa a Parter por un euro a cambio de sostener la empresa no era el camino de la salvación. El fondo suizo no era la opción preferida de Asturias, que veía con recelo las verdaderas intenciones de la operación. Pero el Principado acabó por callarse, cerrar filas con el Gobierno central y esperar acontecimientos. Sobre todo, cuando el ministerio aseguró que se trataba de una cuestión de lentejas.

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Fue hace año y medio, pero algunos parecen haber olvidado la convicción de la ministra de Industria, cuando proclamó el victorioso «hemos llegado a donde queríamos llegar». En aquel momento, las reticencias que manifestaron los propios trabajadores de la planta de Avilés, a los que se invitó a aceptar un acuerdo sin apenas explicárselo, y las dudas que ofrecía una oferta que exigía una rebaja imposible del precio de la luz para mantener su compromiso de inversión, se soslayaron o fueron tachadas incluso de agoreras. «La oferta cumple con los requisitos que se le exigía», zanjó Reyes Maroto.

En realidad, el Gobierno entró casi con mansedumbre por la manga de Alcoa. Los hechos han demostrado que la venta era más un cierre planificado que una solución. La empresa no tardó en acabar en manos del grupo Riesgo. Y en poco tiempo, fue vaciada de capital hasta el punto de que la Audiencia Nacional tuvo que intervenir. No porque lo pidiera una Administración desengañada, sino porque los trabajadores vieron en la justicia la única opción para que Alu Ibérica no quedara reducida a un cartel en un descampado. La vergonzosa situación actual no es el resultado de la mala fortuna, tampoco de una gestión ineficaz de los compradores. Cada vez que se levanta un papel, se refuerza la convicción de que todo estaba planeado para que el único negocio fuera el achatarramiento de la factoría y la responsabilidad recayera en una sociedad escurridiza e insolvente. Más allá de la reprobación del consejero, queda ver si alguien asume la responsabilidad de un tongo en el que la Administración no ha hecho más que el ridículo.

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