Visitó la vicepresidenta tercera Asturias y escuchó todo lo que venía a oír y también, como resultaba más que probable, lo que no le apetecía. Teresa Ribera participó en un foro europeo, el hábitat donde se siente más cómoda y valorada, se reunió con empresas ... y mantuvo un encuentro con universitarios. También tuvo que presenciar la protesta de quienes se sienten maltratados por sus políticas: los sectores más castigados por la descarbonización -la principal razón de ser de su ministerio- o los ganaderos que se sienten en peligro de extinción por su empeño en proteger al lobo. Tampoco la ministra de Transición Ecológica se anduvo con medias tintas para reconocer que Asturias vive un momento «complicado», en el que muchos aseguran que sus políticas han tenido bastante que ver en los últimos tiempos, aunque ella lo vea también «estimulante». Ribera dejó a su paso algún que otro anuncio, como la promesa de agilizar la reapertura de la regasificadora de Gijón, que en la previsión más optimista comenzará a funcionar una década después de estar terminada. Y después de meses de polémica en público y negociaciones en privado, le dio cuartel al Principado al permitirle anunciar un acuerdo para que Asturias pueda matar algún que otro lobo. Eso sí, no como hasta ahora, que se tenía en cuenta el número de ejemplares y los daños a la ganadería. Por lo que parece, cada lobo será objeto de un análisis individual, lo que no deja muy claro qué nivel de ferocidad debe exhibir, si todos comen ciervos hasta que se demuestre lo contrario o en manos de quién quedará la labor investigadora y sancionadora de los delitos lobunos. Con todo, el anuncio ha supuesto una primera concesión para alivio no solo de los pastores, sino también de su propio partido, preocupado por cuántos votos le podría costar en mayo una postura intransigente.

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Aún así, más fácil le resultará a Ribera solucionar el tema del lobo que otras cuestiones. Más complicado será cumplir sus promesas de que el cierre de la minería y la clausura de las térmicas quedarán compensados con millonarias inversiones apuntaladas con fondos europeos. La preocupación se intuye no solo en la queja del presidente asturiano, que no disimula su malestar ante el retraso de las compensaciones prometidas por el cierre de Lada y Soto de la Barca. También en las palabras de la propia ministra, que exigió a Iberdrola y Naturgy que cumplan lo pactado con su ministerio, como han hecho en otras regiones. Será difícil que el dinero llegue para tanto como Asturias esperaba. No porque a las empresas les suponga un imposible poner de nuevo sobre la mesa los planes anunciados hace dos años de construir un buen puñado de parques eólicos e incluso un gran semillero de empresas tecnológicas en Langreo. El problema será llevarlo a cabo. No porque el acuerdo sea de otro tiempo, sino porque a medida que pasan los meses va camino de ser de otro mundo.

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