Hay cosas ininteligibles y una de ellas me esforzaré en presentarla como tal.
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Resulta que un millón y medio de funcionarios del Estado, más sus familiares, lo que supone unos tres millones de personas o más, están afiliados a la Mutualidad de Funcionarios del Estado ( ... Muface), los cuales usan la sanidad privada a través de aseguradoras para sus consultas y tratamientos. El Gobierno les paga a esas aseguradoras una cantidad anual, en un convenio que suelen actualizar cada dos o tres años.
Lo que el Gobierno paga por cada ciudadano asociado a la Seguridad Social o sanidad pública está en torno a los mil setecientos euros anuales, mientras que lo que está dispuesto a pagar por cada funcionario de Muface a esas aseguradoras son unos mil cien euros, con lo que el Gobierno se ahorraría unos seiscientos euros al año con los números ofrecidos.
Sería un colapso total de sanidad pública no prorrogar el acuerdo, porque esta incrementaría su número en esos más de tres millones de ciudadanos. El colapso vendría porque las listas de espera subirían un doscientos sesenta y seis por ciento para consultas externas, y las de las operaciones quirúrgicas en un ciento quince por ciento. Todos saldrían perdiendo.
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Además, los tratamientos de enfermedades graves de esos funcionarios o sus familias se interrumpirían con los médicos que les atienden y sería, de momento, un caos el que los médicos de la sanidad pública pudiesen hacerse caso ex novo de los mismos.
El Gobierno ofrece una subida del diecisiete por ciento y las aseguradoras piden un cuarenta y de ahí no se mueven ambos, de momento.
La solución pasa por que haya un intento serio y responsable de entendimiento, que el Gobierno aumente su oferta y que las aseguradoras vean viable el acuerdo sin grave perjuicio para todos los asegurados, públicos y privados. Y conseguir que los miles y miles que tienen un tratamiento en curso no lo rompan y se vean agraviados y agravados en sus enfermedades. Eso es lo natural, lógico y esperable. Que todos salgan ganando para que la sanidad no se deteriore más de lo que ya lo está. Esperemos que se imponga la cordura. Está en juego nuestra salud y el beneficio de todo el colectivo. No es cuestión de ver quién puede ganar. Tienen que ceder ambas partes.
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El cinco de noviembre expira el plazo para llegar a un acuerdo. Crucemos los dedos para que el sentido común se imponga y se evite lo que sería una catástrofe tal como están las cosas e importantes disgustos siempre innecesarios. Lo otro no seria inteligible.
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