Aunque la memoria de algunos carbure a conveniencia, es bueno recordar que allá por 2007, los únicos que parecían empeñados en ampliar El Musel eran los responsables del Puerto y el entonces presidente del Principado. Vicente Álvarez Areces, que se vio obligado a ofrecer no ... pocas explicaciones sobre este proyecto, algunas sobre asuntos que rozaban lo anecdótico, repetía a todo el que le quisiera escuchar que el futuro de Asturias debía construirse sobre los cimientos de un proyecto que muchos tacharon de faraónico e innecesario. Las denuncias por corrupción contra los responsables de las obras, que acabaron sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional, dejaron en un puñado a quienes reivindicaban el 'superpuerto'. La sombra de las acusaciones por fraude provocó incluso un repliegue portuario. Todos dentro del puerto estaban orgullosos de lo que habían hecho, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta ante el riesgo de acabar en la lista de los señalados. Incluso el actual presidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, tuvo que enviar en mayo de 2018 un escrito al Tribunal de Cuentas para defender la legalidad de las obras y no fueron muchos los que entonces se atrevieron a secundarle.
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Pocos esperaban en aquel momento que el proceso que sentó en el banquillo en Madrid a 20 acusados terminara en una sentencia de 83 folios en la que no solo absuelve a todos ellos, sino que llega a señalar que la denuncia nunca debería haber llegado a juicio. Más que a los denunciantes, el tribunal reprocha la «ineficacia» de los filtros procesales, que en su opinión debieron evitar un proceso judicial basado en hechos «con escaso o nulo poder incriminatorio». El hecho es que la Justicia ha tardado una década en llegar a esta conclusión. Tal vez la dimensión de la obra y la complejidad de la misma exigían tiempo, pero para los denunciados este proceso ha supuesto diez años de condena por más tranquila que tuvieran su conciencia. El largo periplo judicial permitió que algunos de los que ahora se rasgan las vestiduras peritasen y hasta condenaran a placer a quienes se tachó de corruptos en algunos casos, como señala la sentencia, sin tener más participación que una presencia «episódica» en los hechos.
La rotunda sentencia de la Audiencia Nacional exige el desagravio de quienes fueron acusados. Es obligado. Demanda, es evidente, una reflexión sobre la eficacia de una justicia que necesitó una década para decidir que no había delitos. Y no sería malo que además abriera un nuevo tiempo para un puerto que nunca debió verse atenazado por la sombra de la duda ni ver cuestionado su papel en el futuro de Asturias.
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