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Según la patronal de la construcción, en Gijón existe un grave problema burocrático. La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) aseguró en su asamblea anual que «hay más de 100 millones de euros en volumen de inversión sin tramitar o en una tramitación que ... está siendo muy larga». Dicho en otras palabras: tenemos un atasco monumental a la hora de conceder licencias. Algo que es conocido por el Ayuntamiento y que en septiembre intentó corregir cambiando los métodos de trabajo. La propia alcaldesa, Ana González, admitió que se habían concedido permisos que llevaban esperando, ojo, dos años. A fuerza de ser honestos, hemos de decir que no es solo un problema local, sino que afecta a muchos otros municipios. En nuestro caso si cabe, la cosa es peor puesto que venimos de la casi paralización de la actividad al carecer de marco legal. Todo ello, debido a la anulación y posterior redacción del Plan General de Ordenación (PGO) que fue aprobado finalmente en 2019. También es cierto que la pandemia ha ralentizado lo que ya era lento. Esto es, cualquier obra -incluso las más simples de mantenimiento o reparación- sufre los rigores de esta 'nueva normalidad' administrativa. La atención presencial es escasa, con cita previa y larga espera por ella. Es más, ser respondido ante una consulta o petición cualquiera lleva consigo un retraso épico. En algunos casos, desesperante para quienes tienen que padecerlo.

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