¿Un delito nuevo?

En las movilizaciones no se produjeron disturbios, sólo recordar que las fuerzas de seguridad del Estado no tuvieron que intervenir, tan sólo hubo acción sindical, consignas y lemas sindicales propios de este tipo de concentraciones. Se puede comprobar con la simple lectura de las distintas sentencias dictadas para cada una de las afectadas. Dicho fallo resulta absolutamente desproporcionado y bien se podría concluir que, dependiendo para quién y qué, hacer sindicalismo activo y combativo es un delito.

De momento se aplica para quienes resultan díscolos, porque ya se sabe cómo comienzan estas cosas: medida ejemplarizante y aviso para navegantes. Aquello de Guerra: «El que se mueve no sale en la foto». Pero es muy difícil prever cómo puede evolucionar, menos terminar, y a quién le puede llegar a afectar.

Por ello deberían tomar buena nota todos los sindicatos y también las formaciones políticas, en especial aquellas que dicen defender derechos sociales, laborales y de los trabajadores. Y ponerse manos a la obra, comprometiéndose para que este desmán no llegue a consolidarse.

Resultó curioso y no poco contradictorio lo que se produjo entre dos hechos, ambos del día 27/06/24. Este día se celebró en la tarde una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Gijón en apoyo de las y el sindicalista condenados, con el fin de reivindicar la absolución. En la mañana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió se aplicase la ley de Amnistía para los CDR acusados de terrorismo en Cataluña. Bien está, porque todo indica que no se trató de terrorismo y tan sólo fueron actos vandálicos y de sabotaje. Pero también todos sabemos que esta amnistía lo es por razones meramente políticas y no por la calificación y/o clasificación de los hechos que se produjeron. Por tanto, siguiendo la doctrina del fiscal de la Audiencia, por unas consignas subidas de tono y más o menos mal sonantes, en el ejercicio de la acción sindical, no se puede aplicar una condena absolutamente desmesurada de tres años y medio de cárcel. No puede haber un desfase tan enorme en un mismo estado de derecho.

El Gobierno del Estado, y las formaciones políticas de la coalición del mismo deberían tenerlo presente y en cuenta. De no ser así se evidenciaría una vez más qué legislativo tenemos, capaz de obviar agravios tan desproporcionados como el que nos ocupa y por el solo hecho del beneficio político propio. También reveladoras resultan determinadas decisiones de algunos jueces, que más que aplicar justicia parecen querer ocupar el lugar del legislativo y pretender condicionar derechos fundamentales como el de la ley de libertad sindical.

Más allá del peligroso precedente, hay seis vidas de personas jóvenes, familias con niños pequeños. Arrebatarles el futuro inmediato y durante años se nos antoja tan dañino como poco y/o nada justo e implica poner en riesgo la estructura familiar para esos niños. Destruir proyectos de vida sin razones de derecho. Como comentó alguna de las afectadas en la concentración de la plaza del Ayuntamiento de Gijón, «estar bloqueadas desde hace años, por toda esta incertidumbre, ya es una condena en sí misma». Y tras desestimar la Audiencia Nacional el recurso, llega la nueva condena tan lesiva como desproporcionada. Entendemos que quienes tengan en su mano la capacidad de contribuir a evitar este irreparable daño, se han de poner a ello sin pérdida de tiempo.