La justicia de El Salvador ha reabierto el proceso por el asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de seis jesuitas, cinco de ellos españoles ... y uno salvadoreño, y dos empleadas de la Universidad Centroamericana. La causa contra los autores del crimen pudo iniciarse en 1992, tras diversas denuncias y acciones sociales e institucionales, entre ellas la visita a El Salvador de una delegación del Congreso español. Esta elaboró un informe donde se hacía evidente la autoría del grupo militar Atlacatl, formado en la academia militar Escuela de las Américas, de Estados Unidos. En ella, los responsables de estas muertes fueron entrenados y recibieron instrucciones, que incluían la tortura, contra las acciones de protesta o denuncias de la injusticia y la apropiación de tierras por los grandes terratenientes. Se condenó a los soldados ejecutores de la matanza, pero no se logró la condena de los autores intelectuales, salvo la del excoronel Inocente Orlando Montano detenido fuera de El Salvador, y sentenciado en España a 130 años de cárcel.
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El informe de la delegación del Congreso de los Diputados tuvo una influencia decisiva para que se juzgara a los asesinos. Durante una semana, llevó a cabo entrevistas con representantes de todas las instituciones políticas y sociales de El Salvador: presidentes del Gobierno y de el Parlamento, responsables de los sindicatos y de todas las organizaciones populares y judiciales. Así, quedó en evidencia el asesinato de los seis jesuitas y las dos trabajadoras a manos de militares, y promovido y dirigido por la cúpula militar y el Gobierno.
Treinta y cinco años después, un juzgado de San Salvador reabre el proceso contra los autores intelectuales, entre ellos el presidente Cristiani, tres exmilitares y un exdiputado. La justicia salvadoreña tiene nulo apoyo del presidente actual, Nayib Bukele
Pese a que los asesinatos de mayor relieve internacional fueron los del obispo Romero y los jesuitas que dirigían la Universidad Centroamericana, para impedir la acción social de la Iglesia y de los intelectuales con fuerte base popular, los mayores crímenes fueron sufridos por los campesinos. De todos los horrores que ha vivido El Salvador en su historia reciente, quizó el más terrible haya sido la masacre de El Mozote, donde el batallón Atlacatl asesinó a casi mil campesinos –niños, mujeres, jóvenes y mayores–.
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A pesar de las dificultades y de la tolerancia mostrada por parte de las autoridades, actualmente un juez salvadoreño ha comenzado el proceso por esta masacre. Frente estas actuaciones de la justicia, en El Salvador la acción de la política contra los autores o promotores de estos terribles crímenes sigue siendo nula hoy en día.
Merecen todo nuestro respeto y admiración estos jueces o personas que, a pesar de los poderes fácticos y las grandes familias dominantes, dueñas de tierras y vidas, abren nuevos procesos que al menos mantienen viva la información y el deber de reparación de los pobres y quienes luchan por la paz y la justicia.
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