Lucha contra la corrupción

Estoy totalmente convencido que, con un poder judicial en manos de los políticos, sin órganos de control imparciales y con unos Juzgados y Tribunales, carentes de los necesarios medios humanos y materiales, difícil va a ser la tarea. Estoy convencido igualmente que, sin implantar reformas legales, la lucha contra la corrupción no va a ser posible.

Han sido y son los propios jueces los que, de modo sistemático, vienen reclamando más funcionarios y más recursos materiales entre los que se encuentra la necesidad de dotarlos de avanzados sistemas y equipos informáticos, para que, de modo efectivo, puedan llevar asuntos de corrupción que, normalmente, son asuntos de especial complejidad. Con la actual plantilla judicial, es materialmente imposible que, además de los asuntos ordinarios, los jueces puedan tramitar con eficacia estos complejos casos de corrupción, que necesitan de muchos recursos, tiempo y dedicación para poder instruirlos eficazmente.

Estamos viviendo un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial y si los políticos no hacen nada, los jueces estarán en total soledad para actuar con eficacia, ya que son totalmente dependientes de los medios materiales con las que habría de dotarlos, así como por la total dependencia que tienen de las leyes e instrumentos procesales actualmente vigentes.

Los jueces y tribunales serán lo eficientes y eficaces, que el poder ejecutivo y legislativo quieran que sea. En este momento pienso que la justicia funciona, pero es terriblemente lenta y una justicia lenta, no es justicia. Por ello, de una vez por todas, los ciudadanos tenemos que exigir, que los políticos alcancen un gran Pacto de Estado para que se pueda definir el modelo de justicia eficaz y eficiente que los ciudadanos queremos.

La lucha contra la corrupción requiere de estructuras judiciales dotadas para instruir macrocausas. Se requiere revisar y en su caso suprimir los aforamientos, habida cuenta de que, de modo manifiesto, entorpecen y ralentizan la instrucción de los procedimientos. Se necesita que se amplíen los plazos de prescripción de los delitos. Es preciso que se introduzca en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos, durante su mandato, así como el de financiación ilegal de los partidos políticos. Se necesita agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Es necesario también, limitar los indultos, así como la suspensión de la pena mientras se tramita la petición, habida cuenta de que se ha abusado del sistema para poner en libertad a los políticos corruptos.

Necesitaríamos también que se crearan Juzgados y Tribunales especializados en asuntos económicos, tanto a nivel provincial como autonómico y de ese modo potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales. Es necesario introducir el delito de obstrucción a la justicia cuando no se facilite al juez la documentación que pida o que se le facilite incompleta. Es necesario agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometida por un funcionario. Es necesario eliminar ese privilegio que tienen algunas autoridades para declarar por escrito, sin comparecer ante el juez. En lo que se refiere a la Fiscalía, para combatir la corrupción, es necesario que se refuerce su independencia del poder ejecutivo y la inamovilidad de los fiscales, particularmente en caso de corrupción.

Termino diciendo: señores políticos, dejen a un lado sus particulares juegos de tronos, dejen a un lado sus intereses personales y de partido. Empiecen a gobernar y a legislar pensando única y exclusivamente en los intereses de los ciudadanos y actúen decididamente para eliminar la corrupción que muchas veces está anclada en sus propias filas.