Existe ya un buen número de estudios, tanto desde el punto de vista jurídico como del filológico, sobre el lenguaje administrativo y sus fórmulas de cortesía, respeto y hasta sumisión. Las instancias, en papel, con las que los particulares intentábamos penetrar por los muros de ... las dependencias públicas, son un buen exponente de estas liturgias laicas. O menos, porque lo de «Dios guarde a Vd. muchos años» era la frase que antecedía a lugar, fecha y firma.
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Ahora, entre la simplificación de este ritual, la progresiva eliminación de tratamientos y la tramitación electrónica, estas fórmulas centenarias se están extinguiendo, aunque, con estos u otros nombres, lo de exponer, fundamentar y solicitar (suplicar en el ámbito judicial), sigue existiendo, como es lógico, aunque sea de manera sucinta. Estas oraciones tópicas, sumisas y aduladoras partían del poder omnímodo y arbitrario de alcaldes, ministros y otros cargos. Y omito el femenino porque, durante siglos, las señoras no llegaban a mandar nada en la cosa pública, para sonrojo del género humano y de doctrinas impregnadas de machismo.
En ese sentido, aunque lo que se reclamara a la Administración fuera un derecho evidente, reglado, consolidado, se utilizaba aquello de «es gracia que espera obtener/alcanzar…», cuando las peticiones graciables son, justamente, aquellas que sólo se fundan en un deseo personal, aunque conlleve ribetes cívicos. Algo que tiene ya muy claro el artículo 29 de nuestra ley fundamental y el Tribunal Constitucional: «Solicitud de gracia, súplica o queja que no incluye derecho a obtener respuesta favorable». Pero, repito, hasta no hace tanto, todo dependía de le generosidad y bonhomía del político de turno. O, como a continuación se añadía, «del recto proceder» del mismo. En el humor clandestino del franquismo -a veces genial-, se decía que no era lo mismo 'del recto proceder' que 'proceder del recto', en obvia alusión a que los destinatarios de las instancias hacían o dejaban de hacer lo que les daba la gana. Y ahí entraba también un silencio administrativo despectivo y negligente.
Las formalidades de los escritos públicos, también entre organismos, a veces encubrían con su lenguaje educado, auténticas brutalidades. Por desgracia, todos, creo, sabemos de aquellas expresiones de los años de guerra y represión, plasmadas en los oficios de la autoridad judicial militar a los directores de las cárceles: «Sírvase poner a disposición del piquete que va a dar cumplimiento a la pena capital al recluso…». El verbo servir, tan evangélico, prostituido para matar.
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Pero vuelvo al recto proceder. Recto es, en este caso, según la RAE, sinónimo de íntegro, imparcial, ecuánime u honrado y una decisión tomada con rectitud significa, en suma, actuar lejos de subjetivismos, filias y fobias y de acuerdo con la ley. Con objetividad, precisará nuestra Constitución. Y creo que, en estos momentos de turbulencias parlamentarias y sociales, sin necesidad de instancias, debemos exigir eso: rectitud y objetividad para servir (nuevamente) los intereses generales, como manda nuestra Carta Magna.
A quienes mantenemos identidad y lealtad hacia unas ideas determinadas y alineadas a la izquierda, nos preocupan algunos bandazos, contradicciones y desmentidos que están trayendo, como era previsible, los pactos de investidura. Me ha dolido mucho el desmentido catalán a la señora ministra de Hacienda en materia de financiación específica al margen del Consejo de Política Fiscal. O el tema de la alcaldía de Pamplona, o las exigencias de un independentismo insaciable que ya se han expresado en el primer debate sobre la ley de amnistía. Recto también significa derecho; ir de frente; hablar a las claras. Creo que es un derecho -y no graciable- que asiste a toda la ciudadanía.
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