Primaria, hermosa palabra

Con anterioridad, en plena Dictadura, se aprobaron las Leyes de Educación Primaria, de 1945, del ministro Ibáñez Martín y de Ordenación de la Enseñanza Media, de 1953, impulsada por Ruiz Jiménez.

Mucho antes, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, dividía «la primera enseñanza en elemental y superior». La primera enseñanza elemental comprendía, en primer lugar, Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada, acomodadas a los niños; en segundo término, lectura; en tercero, escritura; en cuarto lugar, los principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografía; como quinto aprendizaje, los principios de Aritmética, con el sistema legal de medidas, pesas y monedas y, finalmente, breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las localidades (lo que no dejaba de ser un útil reconocimiento a la diversidad del país).

Aún con antelación, la Constitución de 1812 exigía la implantación en todos los pueblos de escuelas de primeras letras para enseñar a leer, escribir y contar, así como el catecismo católico y, lo que es un antecedente de algunas enseñanzas denostadas por la ultraderecha, «una breve exposición de las obligaciones civiles».

Sin la enseñanza primaria no seríamos nada; supervivientes a la dureza de la vida desde ese desconocimiento que nos hace todavía más vulnerables. Por fortuna, con todos los problemas de una España despoblada y las consiguientes dificultades para mantener la escuela rural, la calidad, actualmente, en nuestro país de los estudios primarios es innegable y un motivo de orgullo que debemos sostener y defender, además desde el mandato constitucional de la obligatoriedad y gratuidad para la totalidad de la infancia y hasta los 16 años. Soy, orgullosamente, nieto de maestra y nunca me he olvidado de mis primeros enseñantes, absolutamente imprescindibles para mi formación actual.

También es una bendición el adjetivo 'primaria' en la atención sanitaria. Los centros de pueblos y barrios y los consultorios, son los cimientos robustos de la materialización del derecho a la salud. Como señala el artículo 15 de la Ley General de Sanidad, de 1986, que nos trae el recuerdo de Ernest Lluch, «una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Área de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios». Y aunque haya quejas, fundadas de retrasos, aplazamientos o derivaciones, la lucha ciudadana debe ser por la mejora en la eficiencia y validad de los servicios públicos y no por su premeditado desmantelamiento.

He leído con tristeza en los últimos días encuestas donde la población se quejaba del funcionamiento de los Centros de Salud. En parte por poca asistencia presencial y, en parte, por la falta de buena comunicación telefónica. Todos podemos tener motivos de insatisfacción por alguna atención o desatención experimentada, pero las incidencias a reportar y hasta las responsabilidades a exigir están justamente para evitar la repetición de la mala praxis administrativa o facultativa y para contribuir a mantener nuestro Sistema nacional de salud como uno de los más avanzados del continente, lo que significa de un mundo con grandes desigualdades y penurias higiénicas y asistenciales.

Se trata, pues, de aportar desde la lealtad a un sistema justo y protector; lo contrario es tirar piedras a nuestro propio tejado. Seamos menos primarios y defendamos con uñas y dientes la educación y la atención primarias.