Mediaciones

El fin posiblemente en este caso justifique los medios. Pero, particularmente, me sigue chirriando la mediación fuera del país, con árbitros europeos. Tener que salir de España para fiarse de una mediación no deja bien a nuestro sistema, incapaz de arreglar las legítimas diferencias de partidos dentro del perímetro de nuestra arquitectura política.

A fin de cuentas, somos Europa y el escenario no ha sido extravagante o circense –payasos incluidos– como ya ha ocurrido en otras ocasiones, incluso para pactar una investidura.

La mediación internacional siempre estará ahí y es loable y meritoria cuando trata de solventar conflictos o dramas humanos, como estamos viendo en Palestina o Ucrania. Incluso en España, todos sabemos que los gobiernos democráticos intentaron reiteradamente negociar –y así se llegó a su extinción– con el terrorismo de ETA. Y se valieron de personalidades pacifistas, cargos de la Iglesia o legaciones de otros países. Pero, ahora, por fortuna, estamos en paz y nunca deberíamos haber llegado a estos extremos para un acuerdo que parece de una simplicidad total.

El pasado día 24, como ha informado este diario, se presentó en la Junta General del Principado una obra colectiva sobre 'La función constitucional del Rey', auspiciada por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y coordinada por el profesor Ramón Punset. En las intervenciones del coordinador y del profesor Benigno Pendás, no dejó de salir la incógnita de si el jefe del Estado no había intentado acercamientos en temas como este del gobierno de la magistratura u otros de gran importancia para el devenir del país.

Recordemos que nuestra Constitución, dice del Rey, en su artículo 56, que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». No es un árbitro de fútbol, sino de las instituciones y ¿quién duda de que el gobierno de los jueces lo es? En el acto citado se daba por descontado que Felipe VI habría desplegado sus buenos oficios para normalizar uno de los poderes del Estado. De no haberlo hecho, cabría preguntarse para qué sirve la monarquía parlamentaria. Y de haber buscado un acercamiento, entre fuerzas que respetan la Corona, su iniciativa fallida también lo es del modelo del Estado. Por más que usemos la máxima de que el rey reina, pero no gobierna, porque la autoridad moral a veces no es suficiente y se requiere de un poder legítimo y efectivo que solvente conflictos, como ocurre en otros ámbitos con el Tribunal Constitucional.

Y es que, aunque duela decirlo, desde el momento en que, tras unas elecciones generales, a la ronda de consultas con el jefe del Estado no acuden varias fuerzas políticas porque no reconocen al Rey de España ni a España sin rey, no estamos lejos del fracaso del sistema. Que el monarca tenga que enterarse por los medios de comunicación o por lo que le comentan los que sí van a la Zarzuela de lo que prefieren o desechan quienes se niegan a acudir, resulta jurídicamente patético, sin que nuestra Constitución prevea este escenario y las medidas a adoptar en tales situaciones.

Esa laguna constitucional es lo que atenúa la heterodoxia de tener que ir al extranjero a buscar apoyos para la investidura con mediadores de todo tipo. Y me temo, pese a los buenos augurios que parecen desprenderse del pacto judicial, que tendremos que ver más escenas similares; por ejemplo, en Cataluña, donde un sujeto pretende gobernar por encima de la fuerza que le ha metido una goleada en las autonómicas y lo ha laminado en las europeas.

En fin, que siempre pensé que nuestra democracia gozaba de madurez y de medios para integrar y suplir sus carencias. Y parece que no es así: un lustro sin renovar órganos constitucionales y una duda, muy seria, sobre la función arbitral y moderadora del Jefe del Estado.