La Constitución no piensa

Y no: es obvio que nuestra norma fundamental, como cualquier otra disposición, solemne o ínfima, no es un sujeto, ni pensante ni imaginativo. Por tanto, las posibilidades que pueda ofrecer en su interpretación quedan a merced de quienes la aplican y, en último extremo, del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de nuestra primera Ley. Y, aun así, la jurisprudencia constitucional evoluciona y, lo que es preocupante, puede ser previsible en sus legítimos cambios, en atención a esa fragmentación, poco edificante, entre mayorías conservadoras y progresistas.

Viene esto a cuento, como habrán supuesto, de si se puede ofrecer el fraccionamiento de legislaturas y mandatos; si es legítimo apoyarse en quienes abogan por abatir el régimen constitucional vigente; si siempre ha de gobernar la lista más votada o de si se pueden rebañar votos de aquí o de allá para lograr, a los solos efectos de una investidura, la mágica cifra de 176 escaños.

Debo decir que, junto a opiniones frívolas de quienes lo mismo opinan de esto que de un viaje espacial a Saturno, también hay respetabilísimos politicólogos y constitucionalistas que vienen dando, como es casi su deber, la opinión sobre la legalidad y oportunidad de algunas apuestas políticas en las que sólo parece importar el fin y no los medios, ni la estabilidad posterior. A sus rigurosas aportaciones -la mayoría- me remito, pero, sin tanto bagaje teórico, me atrevo a recordar algunas cosas que convergen, resumidamente, en que las posibilidades constitucionales no se encierran en un perímetro prefijado y registrado, casi por razones coyunturales de la Transición.

Nuestro benéfico texto de 1978 fue redactado, por un lado, desde un compromiso de consenso, con cesiones muy importantes de todos, lo que obligaba a la ambigüedad y, por otra parte, tras cuarenta años sin referencia democrática, la vigente Constitución es, en casi todos sus artículos, un trasunto o adaptación de preceptos de las constituciones alemana e italiana -ambas profundamente descentralizadas- y de nuestro precedente republicano. Con aisladas incursiones en otras experiencias, como las leyes orgánicas francesas. Leyes orgánicas que requieren la mayoría absoluta del Congreso en temas tan importantes como los derechos fundamentales, las instituciones básicas del Estado, incluido el Poder Judicial, o los estatutos de autonomía. Aquí sí que llegar a los 176 votos de la Cámara Baja va a ser aún más difícil de lograr porque, es verdad, aunque la Constitución ni piense ni sermonee, que sus redactores imaginaron y reconocieron su voluntad de que estos asuntos tuvieran una regulación perdurable, aunque cambiaran los gobiernos. Algo que no casa con obtener el escaño necesario de penalti y en el último minuto.

Esta es una situación institucionalmente insólita entre nosotros; no así en otros países de mayorías inestables, como Italia. La peculiaridad es el tener que sumar agua y aceite sólo para lograr volumen de la botella, aunque no haya mezcla posible. Yo ya he expresado aquí mis temores y desconfianzas, pero reconozco que la historia política ha dado muchas sorpresas y no todas desagradables. Y que la Constitución, como se ha dicho, está abierta a distintos planteamientos aritméticos que garanticen una mayoría, aunque debe estar cerrada a exigencias que, claramente, no tienen literalmente cabida en su articulado ni en su espíritu.

Utilizando una expresión técnica -poco afortunada en Asturias- de Adif, estamos ante una prueba de fiabilidad. Estaremos expectantes. Y hablando de lo ferroviario, también me repito por enésima vez: rebajar con el trozo de AVE una hora de trayecto a Asturias es una broma y un agravio comparativo. Hace bien poco, se estimaba oficialmente en dos horas y cincuenta y cinco minutos el trayecto Madrid-Oviedo. Ahora son veintidós minutos más. Y a añadir los veintinueve a Gijón, que es lo que se tardaba hace sesenta años. ¿Que se va a mejorar la vía y la velocidad desde Pola de Lena? Pensando en un buen número de años, no otorgo fiabilidad a ese propósito.