UUna parte considerable de la ciudadanía se consuela pensando que aún le queda más de una semana para volver a sus quehaceres. Inversamente, no pocas personas han tenido que quedarse, por razones laborales, económicas o de salud, en sus domicilios habituales sin poder disfrutar de ... un descanso y de un cambio de aires. Bien es cierto que no es una rareza el renegar de determinadas formas de veranear, por las incomodidades del destino, la masificación, las temperaturas o las tareas domésticas, máxime con niños, que se llevan juntamente con las maletas. A veces, estas semanas, son todo menos relax y, en suma, en la opinión sobre agosto, hay vasos medio llenos y medio vacíos y unos cuantos absolutamente secos.

Publicidad

Pero al margen de nuestro mundo personal y familiar, aunque la mayoría de políticos disfruten de vacaciones, los problemas siguen o se incrementan y hay asuntos que estallarán en cuanto el calendario del mes recorra toda la mecha. Desde una playa, un pinar o un chiringuito urbano podemos abstraernos de las guerras, pero eso no supone que cesen las muertes, las calamidades y el dolor de miles de ciudadanos del planeta, a los que, a veces, imaginamos más lejanos de nuestro pacífico paraíso, aunque, con dinero de nuestros impuestos, se fabrique o adquiera armamento que va a parar a un conflicto bélico.

Para los asturianos que podemos parar unos días, el horizonte desagradable es la vuelta al trabajo o a las ocupaciones habituales de las que muchas veces no podemos desvincularnos del todo. Por ejemplo -y ya sé que el problema viene de instancias políticas-, la Universidad lleva días vomitando correos electrónicos, algunos con marchamo de urgentes, sin respeto al período vacacional que la propia institución fija. Los estudiantes de todos los niveles ya se van haciendo a la idea del regreso a las aulas con las inevitables dudas sobre el profesorado del curso, grupos, horarios, compañeros y demás. Nada nuevo bajo el sol, salvo el que, pasado el Día de Asturias, ya empiezan las clases, a diferencia de lo que ocurría hace años. Y, en esa fiesta regional, los profesionales de la información y no pocos curiosos, entre los que me encuentro, estarán pendientes de la homilía o proclama del señor Arzobispo y de la reacción de las autoridades civiles presentes en Covadonga. Tampoco nada novedoso.

Pero salidos del sopor estival y ya entrados en lo habitual, lo que son declaraciones más o menos comedidas sobre el pacto de gobierno en Cataluña que, evidentemente, no afecta sólo a esa Comunidad, se va a abrir la caja de los truenos (no sólo la recaudatoria, cuya llave ansía el nacionalismo excluyente) y habrá que ver cómo el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal o las Cortes Generales logran la cuadratura del círculo: cortar un trozo enorme de la tarta y que los demás comensales sigan manteniendo su porción.

Publicidad

Todo ello desde la nueva amenaza del entorno del fugado de romper el apoyo al Gobierno del señor Sánchez, por ejemplo, incidiendo nuevamente en la materia presupuestaria. Porque, ¿qué más puede ofrecerse a este personaje para satisfacer sus ansias de seguir políticamente vivo o, al menos, mal enterrado? Porque, al contrario que en otros acuerdos difíciles de digerir, el tema de un nuevo concierto no previsto en la Constitución, no creo que vaya a ser un paseo militar o aritmético en el Congreso. Y, de lograrse, el Tribunal Constitucional se encontrará con uno de los desafíos más serios de sus 44 años de ejercicio jurisdiccional. No es una cuestión menor, ni un tema que no afecte directamente a la ciudadanía. De hecho, ya hay quien ha defendido -sí- incrementar la presión fiscal para no perder calidad en los servicios tras el acuerdo catalán.

La guerra entre Comunidades es un conflicto civil no menos serio que los que se dirimen en trincheras y campos de batalla: lejos de alentar solidaridad, igualdad y aprecio recíproco, llevaría a una fractura de la ciudadanía. No se rompería España, pero sí el estatus común de sus ciudadanos y se incrementarían los privilegios que ya disfrutan los territorios forales.

Publicidad

Los políticos catalanes que mantengan un poco de sentido común deben ser conscientes de que un cambio radical que afecta al resto del país no puede llevarse a cabo a espaldas de los demás, o lo que es peor, pasándoselo por las narices como una imposición inobjetable. Y es que, a veces, por creer que se clausura una fuga de agua, se abren otras catorce.

¿Qué puede esperarse de los demás gobiernos autonómicos, empezando por el asturiano? Pues que defiendan la igualdad de su Comunidad y de sus habitantes. ¿Que por encima está el interés general de España? Sí, pero es que ese supremo interés no parece que sea el que se deriva de los pactos para investir al señor Illa, al que admiro desde la pandemia. En fin, otro día dedicaré unas líneas a la concepción errática del federalismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

3 meses por solo 1€/mes

Publicidad