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Dos advertencias. Una de forma y otra de fondo. La primera, que entrecomillo estas palabras del título porque la Real Academia Española, a veces claudicante de puro receptiva, no admite como sustantivo el término 'amnistiado', que reserva al participio de amnistiar y mucho menos, lógicamente, ... lo de 'amnistiador'; palabro feo, aunque todos entiendan a lo que me refiero. La segunda precisión es que este comentario va de Historia, o sea de pretérito, y no de la incómoda actualidad.
Como añadido a estas aclaraciones, me excuso de comentar nada sobre la apertura de los túneles de la Variante (en el resto del itinerario, la vida sigue igual), porque ya ha habido y seguirá habiendo copiosa información de los primeros días y los pioneros viajeros que atravesarán, veloces, los túneles de la cordillera. Reconozco mi alegría, después de tantos años, por esta gran obra de ingeniería que puede dejar fuera de combate la línea aérea o la autobusera –que ya está pensando en locomotoras y vagones– con final en Madrid. La utilizaré pronto, con ilusión, y este fin de semana la está probando mi hijo, destinado en la Villa y Corte como tantos jóvenes de la 'leyenda urbana' del éxodo astur. Satisfacción y esperanza –sin caer en el 'Bienvenido Míster Alvia'–, porque la inacción de dos décadas en los tramos de Pola de Lena a Gijón y de León a La Robla deja un regusto amargo, sin compromisos serios que lo endulcen.
Pero retomo el tema del comentario. Llevo varios años trabajando sobre distintas vicisitudes biográficas de uno de nuestros más ilustres paisanos del tránsito entre los siglos XIX y XX. Me refiero a don Adolfo González-Posada y Biesca, catedrático eminente del tan prestigioso Grupo de Oviedo (el de Buylla, Altamira, Clarín, Sela y otros), reformador social, académico y prolífico autor, no sólo en materia de Derecho Público. Primero, hace unos años, indagué sobre un profesor desconocido, cuyo nombre no recordaba en sus memorias y que le había marcado profesionalmente; hace muy poco, para un Congreso en la UNED, acopié datos sobre su formación jurídica en Oviedo y Madrid y, actualmente, estoy terminando las prospecciones sobre su actividad parlamentaria como senador, elegido por nuestra provincia, desde su adscripción reformista, en las elecciones habidas entre los terribles años de 1921 a 1923. Para ser más precisos, coincidiendo, al inicio, con el Desastre de Annual, donde, en las proximidades de Melilla, el Ejército español sufrió miles de bajas y una profunda humillación a manos de las fuerzas rifeñas y, al final, con la disolución del Congreso y la parte electiva del Senado, tras el golpe de Estado de Primo de Rivera. De la tragedia marroquí de julio de 1921, se derivaron una consecuencia inmediata –la depuración de responsabilidades–; otra mediata y grave históricamente –el golpe de Estado iniciado el 13 de septiembre de 1923, que impuso el Directorio– y, en fin, el restablecimiento de la dignidad castrense española, que se consumaría en el Desembarco de Alhucemas, del 8 de septiembre de 1925. Pero también –y a eso vamos– la reposición, previa amnistía, del General Dámaso Berenguer Fusté, que había sido nombrado en 1919 Alto Comisario de España en Marruecos y que, inicialmente, logró éxitos bélicos que, en lo que aquí nos interesa, le supusieron la recompensa regia de ser nombrado senador vitalicio.
A los efectos de estas reflexiones, debemos quedarnos únicamente con que, tras la conmoción nacional por el drama bélico, llegó al Senado la solicitud de suplicatorio cursada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. Y ahí aparece don Adolfo Posada, que fue secretario de la Comisión y defendió la concesión del suplicatorio en una intervención pronunciada el 26 de junio de 1923, en un debate con posiciones muy encontradas. Otorgado el permiso de la Cámara y ya en la Dictadura, el 26 de junio de 1924 se condenó al General Berenguer, por negligencia grave, a la separación del servicio con pase forzoso a la reserva, aunque fue amnistiado por Real Decreto de 4 de julio de 1924. El hecho es que la persona amnistiada, como es sabido, el 28 de enero de 1930 recibe el encargo de formar Gobierno, en lo que se llamará la Dictablanda, rota por la proclamación de la II República, y estando en el poder, el 5 de febrero de ese año, expedirá un Real Decreto-ley de amnistía que benefició a incursos en rebelión o sedición y a militares represaliados, a los que se permitió el reingreso en el Ejército.
Un 'amnistiado' que llega a presidir el Gobierno y amnistía. Esperemos que esta situación tan chocante no vuelva a producirse. Pero, sea necesidad o virtud, no está mal recordar lo que ocurrió en el pasado.
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