Una larga traza gris

La realización de aquel censo ofreció un primer nomenclator de las poblaciones españolas en 1858. La cosa no fue fácil, por lo que dos años después se abordó la elaboración de otro más riguroso, que precisaba el nombre del núcleo, tal como se conocía en el lugar, y numeraba los edificios de cada entidad, estando obligados los ayuntamientos a rotular calles y números. El censo y el nomenclátor, que hacia Fomento, no incluían la jurisdicción de ultramar, que afectaba a Puerto Rico, y fue completado en 1861, quedando para más adelante los de Cuba, Filipinas, Marianas y Guinea.

Hubo entonces un proyecto, un plazo y un minucioso esfuerzo por ordenar la realidad del país, y hacerla controlable por una Administración que integraba a cada familia y a cada rincón en un todo orgánico. Era una penetración del Estado que aspiraba a configurarse y a configurar España. Hoy el censo es invisible para los ciudadanos, que no tienen que rellenar un cuestionario ni atender al agente censal. Pues la totalidad de la información para conocer las características de la población y de los edificios ya está dispersa en multitud de registros administrativos, que ahora el INE reúne. Es un salto cualitativo y un desafío para un país de 47 millones de habitantes, pues aunque hay otros que siguen el mismo procedimiento no son comparables en tamaño, siendo el más aproximado Holanda con unos 17 millones. Si España puede hacer esto es porque desde hace 25 años lleva manteniendo el padrón continuo de población y porque cuenta con una Administración que, forjada en el XIX, ha mantenido la continuidad de los registros administrativos con cuerpos facultativos seleccionados exclusivamente por el mérito y la capacidad desde 1857.

En este caso el precedente fue el Instituto Geográfico y Estadístico. Con su labor permitió que la nación dejara de ser una entelequia y que tuviera nombres y apellidos, cuántos eran analfabetos y qué profesiones tenían, cuándo nacían y morían. Eso supuso la nacionalización del registro que llevaban hasta entonces las parroquias, no con menor acierto, pero si con mayor disparidad, y dio paso a muchos otros, como el de la propiedad, el civil, los de contribuyentes y producción, las listas de buques, de escolarización o meteorológicos. Por cierto, estos últimos tenían el precedente de los observatorios astronómicos de Madrid y de la Armada en San Fernando, casi destruidos durante la guerra con el francés, siendo el primero que se incorporó el de la Universidad de Oviedo. Agrupaba una red de corresponsales compuesta por maestros y curas que llegó hasta tiempos recientes y que se integraba con la estatal que, a su vez, se coordinaba con la portuguesa. Y juntas se incorporaron al convenio internacional que centralizaba los datos de toda Europa desde París.

El Reino de España, a pesar de los esfuerzos centralizadores, seguía siendo en la época del primer censo un conglomerado de municipios. El Estado nacional que se construyó en el XIX creó una nueva estructura de poder superpuesta, apoyada en la burocracia. Como no hay parejas sino tríos (el tercero se llama malentendido), aquí la recién llegada fue la administración autonómica, que en algunos casos replica la general, generando duplicidades competenciales. Pero como a la fiesta también se apuntó Eurostat, es decir la Unión Europea, también hay que tener en cuenta sus directrices. El método del INE puede ser la metáfora de una solución pragmática, si todos colaboran, para seguir construyendo el Estado que da forma a la comunidad política española.