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La oferta. La zona rural está pasando un auténtico calvario. En concreto, por la falta de seguridad. No es la primera vez que suceden robos en los chalés de las parroquias gijonesas. De hecho, podríamos decir que estos actos delictivos han tenido siempre un cierto ... comportamiento cíclico. Unido a diferentes bandas que aparecen y desaparecen con una determinada frecuencia. Durante el pasado mes de febrero las fuerzas de seguridad lograron desarticular tres que operaban también en el casco urbano. Especialmente conocida fue la 'del Mercedes' que esquilmó las parroquias de Somió, Caldones, Deva y Santurio; durante el último trimestre del año pasado. La respuesta que obtuvieron los vecinos de las autoridades fue un refuerzo en la vigilancia. Sin duda, medida que no ha dado los suficientes frutos. En la actualidad, son más de 60 los asaltos perpetrados. El último este mismo fin de semana en Castiello aprovechando que sus propietarios no se encontraban en el interior. El descaro de los ladrones va en aumento y el hartazgo de los vecinos también. Incluso se han organizado en patrullas ciudadanas con el objeto de ahuyentar a los cacos. Y el 'ofertón'. Ante este clamor popular, el pasado 19 de diciembre la Junta Local de Seguridad aprobó la instalación de cámaras de vigilancia. Medida, por cierto, muy demandada por un doble motivo. En primer lugar, como forma de disuadir a los amantes de lo ajeno y en segundo, para controlar los movimientos sospechosos y obtener métodos de prueba. Ahora bien, casi tres meses después no hay indicio de que se instale esa videovigilancia a corto plazo. Es decir, quizá hasta el verano (o más allá) no será posible por la burocracia. Delegación de Gobierno lo achaca al arduo trámite que deben pasar estos dispositivos. Su responsable, Delia Losa, habla de que «se debe garantizar que se cumpla el derecho a la intimidad de los ciudadanos». Algo que tiene su lógica, pero que también es necesario compatibilizar con la seguridad. A todas luces, objetivo prioritario si queremos que nuestra zona rural no sea paulatinamente abandonada. De momento, lo único cierto es que entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno hay un flujo de informes constantes. El definitivo, según parece, debería llegar a finales de marzo para su análisis y aprobación. Lo dicho: pasa el tiempo y el problema sigue creciendo. Ni sirvió la oferta, ni tampoco tenemos el 'ofertón'.
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