Carta abierta a los Comités de Derechos Sociales y Bienestar y Hacienda y Fondos Europeos ante el conflicto con los y las profesionales de la Educación Social en Asturias

La unión unánime que rara vez manifiestan todos los sindicatos (CSIF, CCOO, USIPA, ISA, UGT y FSES), se resume en un grupo de personas, apenas cincuenta personas (mayoritariamente liberados y delegados sindicales de diversos ámbitos) que se están movilizando para que nada cambie y para perpetuar seguir presentándose a las oposiciones de Educador/a con cualquier titulación, mientras que los Educadores Sociales no pueden presentarse al resto de titulaciones(la famosa ley del embudo).

Ampararse en la escasa cualificación de hace medio siglo, es una disculpa lamentable ante los cambios sociales y la necesaria especialización, ya que la buena voluntad y vocación no es suficiente.

Porque, no hay otros estudios universitarios para ejercer la Educación Social, que la Educación Social.

No se puede seguir engañando diciendo que es de un día para otro la incorporación del cuerpo de Educación Social; más bien, es la Administración Autonómica el último reducto al que se incorpora la profesión tras la Ley de Empleo Público.

Pretender esconder tras sospechas de privatización, la ordenación de la única profesión de la intervención social que no lo estaba hasta ahora, es sin duda el despropósito mayor. Las privatizaciones se vienen sucediendo desde hace años sin que nunca se haya visibilizado a los sindicatos con la virulencia que lo hacen ahora, para inexplicablemente defender que todo siga como siempre y que todo el mundo vale para Educador/a.

El problema real, no es que se vaya a solicitar una titulación para el acceso, sino el hecho de que se requiera la titulación para ser funcionario y por tanto acceder a puestos de Jefaturas. Lo que realmente les preocupa, es que el personal fijo no va a poder acceder a una jefatura, a la que curiosamente hasta ahora tampoco podían por el hecho de ser personal laboral, y por eso ponen todo el acento en la funcionarización.

Las y los titulados en Educación Social, nunca hemos restado valor a los profesionales que han obtenido su plaza antes de la entrada en vigor de la Ley de Empleo Público 2/2023; nunca negaremos el derecho que tienen a seguir trasladándose a los puestos de personal laboral mientras sigan existiendo o a promocionar a otras categorías profesionales, ni negamos la posibilidad de promoción interna.

Se ha intentado manipular a la opinión pública asturiana, vendiendo esta situación como un problema real y un conflicto laboral, cuando lo que subyace es más el interés particular que el general de los trabajadores.