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Los próceres asturianos presumen de favorecer lo público, pero sus decisiones van sistemáticamente orientadas a ir cercando aquello que sostiene el estado de bienestar que ... tanto dicen apreciar. Me refiero al denostado sector privado, que genera el abono financiero del que germinan los servicios públicos de los que todos nos beneficiamos. Partiendo de ahí, me resulta incomprensible la polémica creada a cuenta del interés por implantarse en Asturias de tres universidades privadas.
Me resulta incomprensible la actitud de Adrián Barbón, convertido en toda una contradicción andante. El presidente asturiano se sienta a desayunar hablando de eliminar las trabas burocráticas que constriñen a la economía asturiana, para llegar a la hora de la cena asegurando que la implantación de estos proyectos dependerá de los resultados de un informe que debe elaborar la Comisión General de Política Universitaria y que, hoy por hoy, no es vinculante. Conviene señalar que el gobierno central, que acaba de anunciar un endurecimiento de los requisitos para la implantación de nuevas universidades privadas, ha dejado claro que la reforma del Real Decreto 640/21 no afecta a los proyectos pendientes que ya tramita el Ministerio de Educación, por lo que escudarse en dicho informe para retrasar o paralizar la llegada de la universidad privada a Asturias, sentaría un precedente pernicioso para la región que iría mucho más allá de la necesidad de regular el sector.
Y podemos seguir con la reacción del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que nos ha dejado una cita para el recuerdo: «Ya tenemos mucho talento aquí, no necesitamos que nadie lo traiga de fuera». En lugar de tanto provincianismo, lo que uno espera encontrar en un rector universitario es la inquietud de quien entiende que de talento siempre se anda corto, y los brazos abiertos para acogerlo venga de donde venga. Y, aún más importante en el caso de Asturias, la visión para reconocer la oportunidad que las universidades privadas ofrecen para facilitar el retorno de, al menos, parte de tanto talento como tenemos disperso por el mundo.
Frente a esta actitud entre altiva y aldeana, los hechos demuestran que la expansión de la universidad privada en España, lejos de amenazar a la universidad pública, complementa y fortalece a esta, tal y como recoge el Informe UEC 2024 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, asociación que agrupa a 50 universidades públicas y 27 privadas en nuestro país. Esta proliferación ha hecho posible que la población universitaria en España haya crecido un 18% desde 2008, pese a que la población joven se ha reducido en un 20% en el mismo periodo. O que, mientras la universidad pública se focaliza en la actividad académica y la investigación, la privada esté más orientada a la integración laboral de sus estudiantes, especialmente a través de unos programas de posgrado que, en muchos casos, están a la vanguardia a nivel mundial.
Lejos de la incompatibilidad pregonada por algunos, lo cierto es que la universidad pública y privada, más que competir, forman una simbiosis de la que en última instancia se está beneficiando la sociedad española en su conjunto. No acabo de entender las razones por las que la sociedad asturiana merece menos.
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