Secciones
Servicios
Destacamos
Sorprende la rapidez con que el Gobierno del Principado ha dado por bueno el plan de actualización y endurecimiento de la ley antitabaco de 2010 ... adelantado por el Ministerio de Sanidad. Una propuesta que hoy por hoy no cambia nada, y que no plantea más que una hoja de ruta para el desarrollo e implementación de cualquier medida adicional a dicha ley –como la prohibición de fumar en terrazas– que quedaría en manos de las comunidades autónomas. De hecho, además de Asturias sólo Cataluña, Canarias, País Vasco y Navarra han decidido adherirse a la propuesta del ministerio. El resto de las comunidades han apelado a la falta de memoria económica del plan, a su falta de rigor y concreción, y a la unilateralidad del Gobierno al presentar una iniciativa que no ha sido discutida con antelación, como argumentos para devolver la pelota al tejado de la ministra García.
En el caso de Asturias, el entusiasmo del gobierno regional por subirse al carro resulta aún más difícil de entender si tenemos en cuenta el impacto que la posible prohibición de fumar en las terrazas tendría sobre la hostelería, una industria con un gran peso específico e influencia en nuestra región. De momento los hosteleros se han mostrado dispuestos a sentarse a negociar con el Principado, pero las buenas intenciones y disposición no diluyen el hecho de que esta restricción resultaría manifiestamente perjudicial para el sector. A este respecto, si la inconcreción de la propuesta ministerial facilita a corto plazo el inicio del diálogo, a la larga pone al Ejecutivo de Barbón en medio de un campo de minas. Por otro lado, tras los desplantes de las últimas semanas por parte del Gobierno de la nación con Asturias en materia de infraestructuras, se entiende mal que el ejecutivo autonómico no haya puesto ninguna resistencia a echarse a la espalda una tarea de la que, hoy por hoy, sólo la ministra de sanidad tiene algún rédito político que obtener.
Y es que el planteamiento del gobierno de España recuerda a la ley de dependencia de 2006, cuando el presidente Zapatero anunciaba a bombo y platillo una iniciativa que no concretaba ni la financiación ni los medios para poder implementarla, dejando a las comunidades autónomas completamente maniatadas ante la tesitura de tener que sacar adelante las prestaciones contempladas en dicha ley, sin contar con los recursos adecuados para ello. Ahora como entonces, parece que la intención del ejecutivo de Sánchez es tirar la piedra y esconder la mano. O aparentar que se hace algo cuando, en realidad, no se está haciendo nada más que intentar salir bien en la foto, trasladando a las comunidades autónomas el desgaste implícito a la implantación de cualquier medida polémica o impopular. En esto último parece consistir el concepto de cogobernanza de Pedro Sánchez.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.