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Con el debate político atascado en torno a la cuestión autonómica, la guerra cultural, Franco y el 'tú más' en materia de corrupción, los problemas ... que acucian a la ciudadanía han tenido tiempo para macerar y agravarse, y de entre todos ellos, la escasez de vivienda plantea una auténtica emergencia social. Tras varios ciclos electorales en los que los principales partidos apenas han prestado atención al asunto, PSOE y PP han decidido lanzarse a una carrera de propuestas que, más que responder a un análisis del problema y una reflexión profunda sobre cómo remediarlo, sólo ha producido una salva de tics alineados según los apriorismos de cada cual, con el PP usando sus gobiernos autonómicos como plataforma para una reforma liberalizadora, y el PSOE promoviendo desde el gobierno central más intervencionismo.
Con todo, no es mala cosa que los partidos que acaparan más poder pasen a la propuesta en positivo, aunque la primera objeción se hace inmediatamente evidente. Si las administraciones autonómica y central desarrollan estrategias antagónicas, difícilmente se podrá avanzar. Es más, sin entrar en detalles, las propuestas presentadas por PSOE y PP apuntan a la demanda, a intentar facilitar el acceso al mercado de compradores y arrendatarios. Sin embargo, y como defienden la mayoría de especialistas, la escalada del precio de la vivienda responde a la falta de oferta, y seguir estimulando la demanda sin ampliar la oferta sólo puede contribuir a acelerar la subida de precios.
Pero ¿por qué el empeño en solucionar el problema desde el punto de vista de la demanda? Pues porque es más aparente. Ofrecer ayudas, desgravaciones o penalizar determinados comportamientos del mercado, transmite la idea de que se está actuando, y aunque intentar incrementar la oferta sea el meollo del asunto, esto supondría tener que enfrentarse a la cruda realidad, sus limitaciones y sus complejidades. Pero lo realmente frustrante, es que España tiene a mano la herramienta para empezar a dar pasos prácticos en pos de atajar una crisis que a corto plazo sólo se agudizará. No hace falta esperar a la creación de ningún mega ente público, cuando España cuenta con una capacidad industrial puntera en el sector de la construcción, con un tejido empresarial eficiente y solvente. Son muchos los países desarrollados que ahora mismo lamentan no poder contar con semejante tejido y no es admisible que las ortodoxias ideológicas ignoren lo obvio, porque aparte de otras medidas necesarias, sólo la coordinación entre la administración pública y el sector privado puede poner en marcha las sinergias necesarias para empezar a salir del atolladero.
A este respecto, y aún a la espera de que el resto de administraciones hagan sus deberes, los ayuntamientos pueden jugar un papel clave liberando suelo, concediendo permisos y eliminando trabas burocráticas. Podrían ponerse a ello mañana mismo, hay miles de empresas listas para asumir el reto, creando además en el proceso riqueza y empleo sin tener que esperar por nadie.
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