Universidad privada, en la diana

Todos los proyectos son valorados por los técnicos, pero su informe no es vinculante. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, emitieron 21 informes desfavorables para los centros privados y cinco favorables. Los proyectos llegaron a buen término porque la valoración de los técnicos es solamente orientativa. De esas iniciativas salieron una docena de nuevos campus. El Principado, sin aportar argumentos, convierte por su cuenta en vinculante el informe del ministerio. Hace cinco meses, PSOE y Sumar llevaron una proposición no de ley a la comisión de Ciencia para que el informe sea vinculante, pero la oposición (incluyendo a Junts) votó en contra.

El Principado asume en todos los temas la política de Pedro Sánchez, así que podemos dar por hecho la beligerancia del Gobierno regional con los proyectos universitarios privados. Por si había alguna duda el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, afirmó en la Junta General: «La apuesta del Principado es la universidad pública, la Universidad de Oviedo». En cuanto a los informes ministeriales, apuntó: «Se deben seguir esos informes por responsabilidad institucional». Así que la mayoría de los gobiernos autonómicos son unos irresponsables, si hacemos caso a Peláez. ¿Hay que asumir los informes de los técnicos del Gobierno? ¿Y en el caso del vial de Jove, también había que asumir las mentiras de Santano, hablando de la imposibilidad de transportar mercancías peligrosas por un túnel de un kilómetro, cuando antes habían pasado por el Negrón?

Las universidades privadas triunfan en la sociedad española. En la primera década del siglo crecían a un promedio de 6.000 alumnos al año. En los últimos tres cursos, el aumento llegó a superar los 20.000 alumnos. Es un éxito por el lado de la oferta y de la demanda: las inversiones de todo tipo de agentes alcanzan una rentabilidad cercana al 10% y hay ya más de 400.000 alumnos matriculados. En másteres, el 63% de las plazas son de centros privados.

Por muy bien que lo hagan las empresas que sostienen esas universidades, el éxito, la captación de tanto personal, sería impensable si las universidades públicas hicieran bien su tarea. Nadie paga 10.000 o 20.000 euros cada curso si pudiera obtener lo mismo por 500 o 1.000 euros. O por nada, ya que ahora en la Universidad de Oviedo la matrícula va a ser gratuita para gran parte del alumnado. Repito, sin los errores, carencias y vicios de la pública, la privada despertaría unas expectativas mucho más discretas.

Si la iniciativa privada avanza (hay ya 46 universidades privadas y otras diez se están tramitando) y la pública está condicionada por la rutina y la burocracia (50 universidades públicas; el último centro, la Politécnica de Cartagena, se inauguró en 1998), la respuesta del Gobierno la sabemos todos: stop a la universidad privada.

A Asturias le alcanza el cambio de política universitaria cuando los tres proyectos privados (Universidad Europea, campus de Gijón; Nebrija, centro adscrito en Avilés; Alfonso X, centro adscrito en Oviedo) tienen pendiente superar buena parte de los obstáculos que pone la Administración. Uno de ellos es un informe preceptivo del Principado sobre «la necesidad y viabilidad académica y social de la implantación del título universitario oficial».

Es inimaginable aplicar con rigor ese planteamiento a los estudios que se cursan en la Universidad de Oviedo, donde la inviabilidad académica y social puede afectar a entornos tan amplios como un campus. En el informe se alude a justificar la necesidad de las titulaciones. Necesidad y viabilidad.

Me viene a la cabeza la Facultad de Medicina, en el campus del Cristo, con sólo 165 alumnos en el primer curso y miles de aspirantes, con notas excelentes, que se quedan sin plaza. La Universidad de Oviedo se sostiene casi enteramente con nuestros impuestos, pero los hijos de los contribuyentes no pueden acceder a sus enseñanzas ¿Un disparate de esa magnitud no es razón suficiente para recibir con los brazos abiertos a las universidades privadas que impartan los estudios de Medicina?

Las decisiones sobre las universidades son políticas. Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, considera que las comunidades autónomas deberían estar alienadas con el Gobierno, «dirigir los recursos a la universidad pública, que es la única forma de asegurar el proyecto que tenemos de país». Esto lo dice un viceministro del Gobierno que más ha hecho crujir las vigas maestras del Estado.

Control ideológico, dirigimos social y terror al hundimiento de una universidad pública que se ha descapitalizado en los últimos diez años por la vía de las directrices políticas y el populismo más desatado con el estudiantado.

Aviso para navegantes. En Gijón, tras el timo del vial de Jove, el fiasco de la ampliación del hospital de Cabueñes y la falta de respuesta institucional al proyecto de reforma de El Molinón, el cupo de fracasos de este mandato está cubierto. Otro más y sacamos los pañuelos.