Stop universidad privada

Parecía que todo estaba encauzado, a expensas de la tramitación administrativa para obtener los permisos oficiales. Los alcaldes de las tres ciudades estaban encantados de poder contar con centros universitarios privados. El Principado apenas hizo declaraciones, salvo alguna referencia aislada sobre el largo proceso que les esperaba a las entidades para poder matricular alumnos. El rector de la Universidad de Oviedo recibió a las privadas con educación versallesca, pero cuando la idea empezó a tomar cuerpo, exigió al Principado mucho rigor al analizar los proyectos privados y declaró que la Universidad de Oviedo no competía en igualdad de condiciones. Gran verdad: compite con la ventaja de poder gastar mil millones de euros que le da el Principado.

Uno de los requisitos legales que deben cumplir las universidades privadas es un informe de los técnicos ministeriales. En los últimos seis años emitieron veintiún informes desfavorables para los centros privados y cinco favorables. El informe no es vinculante y las universidades privadas pudieron culminar sus proyectos. Pues bien, el Principado dice ahora que es «fundamental que el informe sea favorable» para dar luz verde a las universidades privadas en Asturias. Por si todo lo anterior no fuera suficiente está preparando un decreto para regular la creación, modificación, supresión y adscripción de centros y estructuras universitarias.

La misma forma de actuar que con los parques de baterías. Hay que desconfiar de la iniciativa privada si se adentra en cuestiones importantes (educación, energía). Es preciso limitar su actividad y reservarse el derecho a impedirla. Conclusión: seguiremos siendo una comunidad autónoma de universidad única; pública, por supuesto.